Los jueces de EEUU siguen contradiciendo a la Casa Blanca sobre la legalidad de confinar a cientos de prisioneros en la base naval de Guantánamo (Cuba). Ayer, la magistrada federal Joyce Hens Green se convirtió en la última en alinearse con los presos al declarar ilegales y anticonstitucionales las juntas militares establecidas por el Pentágono para revisar el estatus de "combatientes enemigos" que Washington les ha asignado.
La magistrada --de un tribunal de Columbia-- señaló que los presos tienen derecho a acudir a los tribunales de EEUU para protestar por su situación, como ya decretó el Supremo en junio. La sentencia de Green representa una victoria para los detenidos y los defensores de los derechos civiles que interpusieron demandas en su nombre, pero no tendrá un efecto inmediato, ya que probablemente será apelada.
La juez Green reconoció la necesidad de EEUU de "emprender acciones duras" para protegerse de "amenazas enormes y sin precedentes". Pero "esa necesidad no puede negar la existencia de los derechos básicos y fundamentales por los que la gente de este país ha luchado y muerto durante 200 años", recalcó.
CONFESIONES POCO FIABLES La juez ha tenido en cuenta las numerosas acusaciones de que los prisioneros han sido torturados y calificó de poco fiables sus confesiones. Green también subrayó que los detenidos en Guantánamo tienen derechos "al abrigo de la Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU".
Por lo tanto, señaló, los Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente, como se llaman las juntas militares autorizadas por el presidente del país, George Bush, "violan el derecho de los presos" a ser procesados judicialmente. De acuerdo con la magistrada federal, los procedimientos de estas juntas "son anticonstitucionales, al no cumplir el debido proceso".
La sentencia de la juez Green responde a la demanda presentada por 50 de los 545 presos que hay todavía en Guantánamo. La decisión fue calificada de "importantísima victoria para el imperio de la ley, los derechos humanos y la democracia" por los abogados de los demandantes.
Sin embargo, esta sentencia choca con la que dictó hace sólo dos semanas otro juez del mismo tribunal, Richard Leon. Ante una demanda similar de siete presos de Guantánamo, Leon concluyó que los extranjeros capturados por EEUU y confinados fuera del país no tienen derecho al abrigo constitucional.
De esta sentencia echó mano la Casa Blanca para expresar su "respetuoso desacuerdo", según el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, con la decisión de la juez Green. "El departamento de Justicia examinará cuáles son las decisiones apropiadas que podríamos tomar sobre esta cuestión", añadió.
Si son apeladas, ambas sentencias pueden terminar ante el Tribunal Supremo, que hace siete meses ya declaró que los presos tienen derechos constitucionales que los tribunales inferiores deben respetar.
