El plan de reparto de refugiados diseñado en el 2015 por la Unión Europea (UE) para aliviar la presión migratoria sobre Grecia e Italia es legal y contribuye de forma «efectiva y proporcionada» a que ambos países hagan frente a las consecuencias de la crisis. El Tribunal de Justicia de la UE ha respaldado con esta contundencia el mecanismo ideado para hacer frente a la emergencia migratoria en el Mediterráneo y ha desestimado «todos los recursos» presentados por Hungría y Eslovaquia, contrarios a la acogida de refugiados.

Ambos países pidieron la anulación del plan de reparto obligatorio de 120.000 solicitantes de asilo aprobado el 22 de septiembre del 2015, que elevó la cifra de acogida a 160.000 personas. Budapest y Bratislava argumentaron que la adopción del plan -contra el que también votaron Rumanía y la República Checa- estuvo viciada de errores de procedimiento o derivados de una base jurídica incorrecta.

Los jueces han rechazado todas sus alegaciones. La sentencia concluye que la base legal fue adecuada porque el Tratado permite a la UE «adoptar todas las medidas provisionales necesarias para hacer frente de manera efectiva y rápida a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de personas desplazadas». Recuerdan que al no ser una decisión legislativa, su aprobación no debía estar sometida ni a la participación de los parlamentos nacionales en los debates ni a deliberaciones públicas y que tampoco requería de unanimidad.

FALTA DE VOLUNTAD / Además los jueces rechazan las dudas sobre la eficacia del plan y argumentan que si no se han reubicado más personas es principalmente por «la falta de cooperación de determinadas estados miembros». Pese a este duro correctivo, ni Hungría ni Eslovaquia han dado muestras de que vayan a dar su brazo a torcer. «La batalla real no ha hecho más que empezar. Utilizaremos todas las oportunidades legales para asegurar que nadie pueda ser trasladado a Hungría en contra de los deseos del pueblo húngaro», advirtió el ministro de Exteriores de este país, Péter Szijjárto, que calificó de «terrible e irresponsable» el fallo porque, a su juicio, pone en peligro el futuro y la seguridad de toda Europa y reafirma el poder de la Comisión sobre los estados miembros.

A menos de un mes de que expire el programa de rubicaciones, el fallo abre un nuevo frente de tensión. La Comisión expedientó en julio a Hungría, Polonia y la República Checa por negarse a acoger refugiados. Eslovaquia se salvó porque ha recibido a 16 personas pero la obligación, insistió el comisario de Inmigración, no ha desaparecido. «Si los estados que no han acogido a nadie o llevan mucho tiempo sin hacerlo no rectifican daremos el último paso y (les) denunciaremos ante el Tribunal de Justicia de la UE», avisó Dimitrios Avramopoulos.

Hasta ahora, la UE solo ha repartido a 27.695 personas, el 17% de las prometidas, y en Grecia e Italia quedan como máximo unas 12.000 que cumplen con los requisitos para ser elegibles, por lo que el plan quedará lejos de su objetivo inicial al reubicar a una cuarta parte de los previstos.