La investigación del caso Clearstream alcanzó ayer caracteres de asunto de Estado al confirmar los jueces la esperada imputación del exministro Dominique de Villepin por presunta "complicidad en denuncia calumniosa" y otros tres delitos. Los magistrados Jean-Marie d´Huy y Henri Pons investigan una supuesta conspiración para desacreditar a diversas personalidades, entre ellas el actual presidente, Nicolas Sarkozy.

Recién llegado de sus vacaciones, Villepin compareció menos de una hora ante los jueces, ya que se negó a responder mientras no conozca los 27 tomos del sumario. A la salida, el exprimer ministro dijo que en ningún momento había pedido "una investigación sobre personalidades políticas" y que nunca había "participado en una maniobra política". La imputación de Villepin se produce después de la aparición de unas notas de Philippe Rondot, exjefe de los servicios secretos, que lo implican en la presunta conspiración.

El caso Clearstream se remonta al año 2004. Entre mayo y junio, el juez Renaud van Ruymbeke, que investigaba el supuesto pago de comisiones por la venta de fragatas a Taiwan en 1991, recibió de forma anónima unas listas de la sociedad financiera Clearstream, basada en Luxemburgo, en las que figuraban numerosas personalidades, entre ellas el actual presidente Nicolas Sarkozy, como supuestos beneficiarios de esos ingresos ilegales.

NOTAS DE RONDOT Después se demostró que esas listas eran falsas, pero en las notas de Rondot, recuperadas este mes de su ordenador después de que intentara destruirlas, se recogían declaraciones de uno de los procesados, Jean-Louis Gergorin, la persona que envió las listas al juez, en las que revelaba que lo había hecho por orden de Villepin, siguiendo instrucciones del entonces presidente, Jacques Chirac. La semana pasada, Gergorin, amigo de Villlepin, ratificó ante los jueces las declaraciones suyas recogidas en las notas de Rondot en las que implica al exprimer ministro. Chirac y Villepin habrían de este modo intentado desprestigiar a Sarkozy en la lucha por la sucesión del presidente. Sarkozy ejerce la acusación en el caso.

Después de negarlo mucho tiempo, Gergorin admitió en mayo del 2006 ser el autor del envío de las listas, junto con cartas anónimas, al juez Ruymbeke, aunque siempre ha dicho que Villepin y él mismo estaban convencidos de la autenticidad de las listas. Este punto es clave, ya que la conspiración quedaría establecida si se demuestra que Gergorin envió las listas a la justicia, de acuerdo con Villepin, sabiendo que eran falsas. El presunto falsificador, Imad Laoud, también procesado, niega su implicación y desmiente cualquier maquinación política.

La publicación en mayo del 2006 de las primeras notas del general Rondot, que fue encargado por Villepin de investigar precisamente si las listas eran o no auténticas, ya sugería la implicación del entonces primer ministro y de Chirac. "Si aparecemos, el presidente de la República y yo, saltamos", había dicho Villepin según una de esas notas.

TRIBUNAL ESPECIAL En sus declaraciones de ayer, Villepin afirmó también que siempre había actuado "para hacer frente a amenazas internacionales" y a "amenazas que afectan" a "intereses económicos" de Francia. "Era mi deber como ministro", concluyó. Esta precisión es importante porque un exministro solo puede ser juzgado por la Corte de Justicia de la República cuando se trata de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La posición de Sarkozy es peculiar, ya que ejerce la acusación particular, pero, a la vez, como presidente, preside el Consejo Superior de la Magistratura, el gobierno de los jueces.