La ley de poderes de vigilancia especiales fue aprobada en el 2000. Su objetivo original era luchar contra el crimen y el terrorismo. Al entrar en vigor solo nueve organizaciones en el Reino Unido, incluida la policía y los servicios de espionaje, podían utilizarla. Ahora son 790 los organismos autorizados, incluidos 474 ayuntamientos.
Las autoridades locales ordenan al mes más de 1.000 operaciones de espionaje para asuntos banales, como pillar a adolescentes fumando. El Ayuntamiento de Newcastle ha aplicado la ley para investigar 24 multas por aparcamiento indebido.
