El proyecto de ley para prohibir el velo integral (niqab o burka) en todos los espacios públicos de Francia, incluida la calle, pasó hoy sin ninguna oposición un primer trámite parlamentario en la comisión legislativa de la Asamblea Nacional (cámara baja) francesa.
Pese a que los socialistas han manifestado sus reticencias a que la prohibición se extienda también a la calle, los diputados de este partido presentes en la comisión no se pronunciaron en contra, sino que se abstuvieron en la aceptación a trámite del texto.
En favor de esa tramitación se declararon tanto los parlamentarios del partido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, de la derechista UMP, como los de sus socios de Gobierno del Nuevo Centro (NC).
SE DISCUTIRÁ DEL 6 AL 9 DE JULIO
El pleno de la Asamblea debe discutir entre el 6 y el 9 de julio próximos esta proposición, que prevé multas de 150 euros o un cursillo de ciudadanía para las mujeres cubiertas con velo integral, pero sobre todo penas de hasta un año de cárcel y multas de 15.000 euros para los que las obliguen a ir así vestidas.
De acuerdo con el dispositivo, las multas contra las mujeres que lleven el niqab o el burka no se empezarían a aplicar hasta un año después de la entrada en vigor de la ley, para dar así tiempo a una fase de "pedagogía" para las recalcitrantes.
El diputado socialista y exministro Jean Glavany indicó que todos los diputados de izquierdas y de derechas están "de acuerdo sobre la prohibición", pero que hay "una divergencia sobre los medios" y sobre los espacios en los que se tiene que aplicar.
Glavany justificó su oposición a algunos extremos de la propuesta de ley, presentada por el Gobierno y defendida por Sarkozy, recordando que el Consejo de Estado ha advertido de que puede entrar en contradicción con algunos principios constitucionales o del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
"Una censura del Consejo Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería un premio inestimable para los integristas", argumentó el diputado socialista.
La UMP espera que durante la tramitación parlamentaria se logrará el consenso de todos los partidos y considera que la interdicción general en todos los espacios públicos es jurídicamente sólida.
