Por las calles de la ciudad de México mendiga un viejo loco que se llama Carlos Castañeda de la Fuente. A los 29 años intentó matar al presidente Gustavo Díaz Ordaz "para vengar a los estudiantes" asesinados 15 meses antes, el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las Tres Culturas. Carlos erró el primer disparo; después falló la pistola Luger. Pasó cuatro meses torturado por policías y soldados, incomunicado en un minibúnker llamado Pabellón 6 , y 23 años de encierro en un manicomio. Es el primer caso documentado entre docenas de desaparecidos que acabaron forzados a la locura por la guerra sucia.
En aquellos años, millones de mexicanos eran vigilados por los servicios de espionaje, pero apenas se malgastaban balas. Los díscolos morían reventados en los cuarteles, en la sierra, en la calle o lanzados al mar desde aviones. Pocos eran devueltos a la familia, y "a pedacitos, dentro de una caja de zapatos", como recuerdan muchos. Para culminar uno de los temas de justicia aún pendientes en México, el Gobierno acaba de informar de que agentes de la fiscalía especial "investigan que algunos desaparecidos terminaran en hospitales psiquiátricos".
Hasta los años 80
Tras el caso de Castañeda, los peritos han documentado ya otros dos. Y el diario La Jornada reveló que los agentes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP) hallaron en diversos hospitales psiquiátricos hasta 134 nombres de pacientes que coinciden con listas de desaparecidos durante la guerra sucia contra dirigentes izquierdistas.
El ministro de Sanidad, Julio Frenk, dice que puso "los archivos a disposición de la fiscalía". El jefe de la fiscalía especial, Ignacio Carrillo, no descarta que algunos de los desaparecidos 30 años atrás puedan sobrevivir, en cárceles clandestinas.
Pero Carrillo reconoce que "lo que México necesita es una comisión de la verdad que documente la guerra sucia". De momento, un juez ha considerado "prescrito el delito de genocidio" que se le imputa al expresidente Luis Echeverría por la Matanza del jueves de corpus , en la que 40 estudiantes cayeron bajo el grupo paramilitar Los Halcones.
La fiscalía investiga más de medio millar de denuncias de desapariciones posteriores. Pero sólo ha sido detenido un jefe policial. Por ello, el fiscal Ignacio Carrillo pide una comisión que elabore un libro blanco.
