Por primera vez desde que la Administración de George Bush puso en funcionamiento en el 2002 la cárcel de Guantánamo, un juez federal de EEUU ha ordenado al Gobierno que libere inmediatamente a un grupo de presos y los acoja en su propio territorio. La decisión judicial podría ser apelada inmediatamente por el Departamento de Justicia, que niega autoridad al magistrado para tomar esa decisión, pero su mero dictado se ha interpretado como otro revés para Bush.

El caso concreto sobre el que ha emitido su dictado el juez Ricardo Urbina es muy particular, ya que afecta a 17 presos uigures, miembros de una perseguida minoría musulmana del oeste de China. Esos hombres ingresaron en Guantánamo en el 2002 pero desde el 2004 se sabe que no tienen vínculos con el terrorismo, una probada inocencia que abrió la puerta a su salida de la prisión. La Administración, sin embargo, decidió mantenerlos en la base ante la imposibilidad de devolverlos a China (donde se consideran terroristas y podrían ser torturados) y de encontrar un país que los acogiera (nadie quiere hacerlo por temor a represalias de Pekín).

Esos problemas logísticos son menores en opinión del juez Urbina, para quien prima el respeto a la Constitución estadounidense, que prohíbe mantener indefinidamente encerrado a alguien sin cargos.