"Lo bueno del corredor de la muerte de Filipinas es que, cuando vas de visita, puedes entrar en la celda y comer con el preso", dice por teléfono con un optimismo pasmoso Margot, la madre de Paco Larrañaga. "No es como en las películas americanas, que hay un cristal. Le llevamos los platos que más le gustan y estamos con él de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Intenta estar contento, aunque siempre se despide igual: ´Mamá, soy inocente, ¿cuándo vuelvo a casa?´".

Paco (de nacionalidad española y filipina) tiene 27 años y lleva siete encarcelado, el último en el corredor de la muerte de New Bilibid (Manila), la prisión más grande del Sureste Asiático, con 16.000 reclusos. El Supremo le considera culpable de violación y asesinato de dos jóvenes en 1997. La última esperanza de la familia es que el alto tribunal acepte la "moción de reconsideración" y revise el caso. "Fue un juicio lleno de irregularidades y en el que no se aceptaron pruebas de la defensa", afirma su representante legal en España, el penalista Javier Viada.

Carta del Senado

Los colegios de abogados de Madrid, Barcelona, Bilbao y la ONG británica Fair Trials Abroad --que trabaja por la aplicación de la justicia a los ciudadanos de la UE presos-- han solicitado, sin éxito, que el Supremo revise el caso. En junio, con motivo de la toma de posesión de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el presidente del Senado, Javier Rojo, le entregó una carta en la que pedía clemencia y mostraba "preocupación por las alegaciones de la defensa ... sobre las presuntas irregularidades cometidas a lo largo del proceso". No ha habido respuesta. "El Gobierno español nos está ayudando mucho", dice Margot.

Paco es hijo del pelotari Manuel Larrañaga, que viajó en 1966 a la isla de Cebú (Filipinas) para abrir un frontón de pelota vasca. Manuel se enamoró de Margot Osmeña, nieta del presidente filipino Sergio Osmeña, y tuvieron tres hijos. La pertenencia de Paco a una de las familias con más influencia del país --aún hoy muchos de sus miembros son políticos-- es uno de los argumentos que los Larrañaga exponen cuando piensan en la zozobra que viven desde el miércoles 16 de julio de 1997.

Esa tarde, las hermanas Maryjoy y Jacqueline Chiong (19 y 21 años) desaparecieron tras ser vistas por última vez cerca de un centro comercial de Cebú, una isla que está a 570 kilómetros de Manila, donde Paco --según aseguran él y 35 testigos más-- estuvo las 24 horas del día 16. Paco estudiaba en la capital para ser cocinero y aquellos días estaba de exámenes. Sus abogados han presentado las hojas que rellenó (la mañana del miércoles y la del jueves) y las declaraciones de profesores. El miércoles estuvo hasta las 2.30 horas tomando copas con unos amigos e hicieron fotos. Otra prueba. Y el jueves por la tarde cogió un avión hasta Cebú, para estar con su madre por su cumpleaños. Aún guarda la tarjeta de embarque.

Testigos subjetivos

Ninguna de estas pruebas ni la declaración de los testigos se han tenido en cuenta en el juicio. "Sus amigos no pudieron testificar porque, según el juez, lo que iban a hacer, como amigos, era defenderle", explica la madre. "La jerarquía policial se sentía presionada por el escándalo y privilegió la declaración de David Valiente Rusia". Rusia --ahora en paradero desconocido-- apareció ocho meses después del crimen para "limpiar su conciencia", según dijo en el juicio. El joven, un delincuente común, ganó su inmunidad tras declarar que participó en el secuestro y la violación con Paco Larrañaga y otros seis jóvenes, todos de la élite local y condenados a muerte. "La gente disfrutó al ver entrar a la cárcel a un Osmeña", dice Margot.

Pero hay más. La policía sólo encontró, el viernes, un cuerpo, al que no se le ha analizado el ADN. Incluso en un primer reconocimiento, los Chiong negaron que fuera una de las jóvenes, ya que era de menor estatura. Pese a esto, la sentencia estima que es el cadáver de Maryjoy. "El agente que se encargó del asunto en el FBI filipino, Florencio Villarin, fue apartado del caso. Entre sus hipótesis se incluía que la familia Chiong habría escondido a sus hijas para ponerlas a salvo de la mafia china", explica el abogado. La familia tiene una cadena de tiendas de licores.

1.110 presos en espera

Annistía Internacional ha denunciado en todos sus informes la existencia de la pena de muerte en Filipinas, donde calcula que hay más de 1.110 personas esperando su ejecución. En estos momentos, existe una moratoria y la presidenta ha concedido indultos de 90 días a los presos que ya tenían fecha. No obstante, un portavoz de Macapagal declaró el día 2 que quizá sea "necesario" un cambio para "dar ejemplo" y contener la criminalidad.

"Espero que el Supremo recapacite y revise el caso... Aunque ya habrá perdido los mejores años de su vida", se despide la madre.