El desafío entre Silvio Berlusconi y Gianfranco Fini dentro de la coalición conservadora ha llegado a una situación de punto sin retorno, que ayer se agravó todavía más con la dimisión obligada de un ministro del Ejecutivo nombrado hace solo 17 días. "No excluyo una crisis de Gobierno", admitió Berlusconi frente a una coalición conservadora que chirría por todos los lados. La cuestión de fondo es que Berlusconi quiere gobernar a su manera y Fini, que es también presidente del Congreso, tiene una visión menos empresarial y más constitucional de la política. "Yo me planto con la legalidad y la Constitución", aduce Fini frente a un Berlusconi tentado de hacerle una zancadilla para que se hunda solo.

Los gobiernos con dos presidentes todavía no se han inventado, por lo que o se va Fini o se va Berlusconi. En el pulso ninguno de los dos cede un milímetro. Berlusconi ha puesto sobre la mesa los sondeos y los resultados electorales y Fini enarbola unos 50 parlamentarios listos para la fuga que, unidos a las minorías políticas, tumbarían al Gobierno. Pero en plena resaca social de la crisis, con el paro que sube, la patronal que protesta por falta de incentivos, las clases medias que caen en el pozo de la inseguridad económica, magistrados en huelga, periodistas en pie de guerra por las censuras y fuerzas del orden que protestan en las calles por falta de fondos, unas elecciones anticipadas no sorprenderían ni a los electores de derecha.

"Si han perdido la ruta, pensemos en un Gobierno de salud pública apoyado por un frente político amplio", ha declarado Pierluigi Bersani, líder de los progresistas (PD). El centrista Pierferdinando Casini (UDC) ha rechazado la oferta de Berlusconi de entrar en la mayoría y también ha propuesto "un Gobierno amplio", pero Antonio Di Pietro, de Italia de los Valores (IdV), reclama nuevas elecciones, como los comunistas, que no tienen representación parlamentaria.

La última bomba en el camino es una ley sobre interceptación de teléfonos, que quiere aprobar antes de las vacaciones y que limitaría las investigaciones de policías y magistrados en el frente antimafia. La norma castiga la publicación de filtraciones judiciales, con prisión para los periodistas y 500.000 euros de multa para los editores de los diarios. En este contexto, Aldo Brancher, de 67 años y dirigente de Fininvest, el holding de Berlusconi, fue nombrado hace 17 días ministro sin cartera para el Federalismo y la Descentralización, un pastiche de poderes.