Más de la mitad de los diputados del Parlamento británico incurrieron en irregularidades al reclamar sus gastos, y deberán devolver a los contribuyentes 1,28 millones de euros. Las conclusiones de la auditoría independiente publicadas ayer reflotaron el escándalo que desde el pasado mayo ha arruinado la reputación de la clase política en el Reino Unido. La Fiscalía de la Corona deberá anunciar hoy el procesamiento de al menos dos de los seis diputados investigados por presuntas actividades delictivas, según adelantó anoche la cadena Channel 4.
Sir Thomas Legg, el alto funcionario ya retirado encargado de la revisión de los gastos de los diputados, denuncia en su informe el funcionamiento de un sistema "fundamentalmente defectuoso", con "reglas vagas" y "falta de transparencia", pensado para proteger los intereses de los diputados, en lugar de los del público. Los funcionarios encargados de revisar los justificantes por las segundas viviendas "no realizaban ningún tipo de auditoría". "No había ningún tipo de auditor para revisar lo firmado por los parlamentarios", denuncia el auditor.
TRES CASOS MUY SONADOS Legg, que ha analizado los recibos de sus señorías entre el 2004 y el 2009, ha pillado en falta a 390 de los 646 diputados de la Cámara de los Comunes. Las devoluciones exigidas a tres de ellos superan los 45.000 euros por cabeza. A otros 56 se les piden cantidades que oscilan entre los 5.700 y los 45.000 euros. Una de las devoluciones más costosas, de 68.700 euros, es la que suma el matrimonio formado por Andrew Mackay y Julie Kirkbride, diputados conservadores.
El ambiente vuelve a ser muy tenso y no faltan críticas y recriminaciones de los parlamentarios, que continúan insistiendo en que siempre respetaron la ley y las normas establecidas. Algunos han expresado su malestar por la forma en que Legg ha llevado a cabo la revisión. La queja principal es que el auditor ha aplicado unos límites a sus reclamaciones --por jardinería, limpieza e hipotecas principalmente-- con carácter retroactivo, obligándoles a pagar la diferencia. Legg rechaza esas alegaciones, recordando que los diputados solo deben ser reembolsados "por gastos específicos y proporcionados, necesarios para cumplir con sus obligaciones en el Parlamento".
Los diputados en la lista de deudores tenían la posibilidad de apelar contra las demandas del auditor ante el juez, Sir Paul Kennedy. De los 75 que lo hicieron, 44 han visto sus reclamaciones reducidas o anuladas. Es el caso del conservador Bernard Jenkin, al que se exigió la devolución de 72.480 euros, cantidad ahora menguada a la tercera parte. La demanda de 47.000 euros a otro conservador, Peter Lilley, ha sido cancelada.
El Palacio de Westminster, sede del Parlamento, era ayer un lugar semidesierto. Nadie quería ser entrevistado. El primer ministro, Gordon Brown, en un comunicado, confiaba en que el informe Legg sea un medio para "restaurar la confianza del electorado". El jefe de los tories , David Cameron, propuso que a los que se nieguen a devolver el dinero "se les recorte de sus salarios o de sus gratificaciones".
La aspiración del líder de los liberales, Nick Clegg, es que el informe "sea el final de un capítulo en este Parlamento podrido y se pueda instaurar un nuevo Parlamento con nuevas normas". Las próximas elecciones generales, que serán a más tardar en junio, pueden ser el verdadero punto y aparte en este escándalo. Al menos 140 diputados dejarán el escaño.
Los resultados de la auditoría pueden significar también el fin de la carrera política para los más salpicados. El descrédito alcanza a todos los partidos, pero los laboristas han llevado la peor parte y Brown ha sido más torpe que su rival, David Cameron, a la hora de gestionar la crisis.
LIMPIEZA EN LOS ´TORIES´ El líder de los tories ha aprovechado para deshacerse de algunos de los elementos más hostiles y recalcitrantes dentro de sus filas. Con la esperanza de limpiar su nombre y poder seguir en la política, algunos de los implicados han optado por pagar mucho más de lo que les exigían.
