Las detenciones de los dos últimos días de militares implicados en los crímenes cometidos durante la dictadura en Argentina (1976-83) han suscitado el apoyo de la gran mayoría de la población que, además, pide ahora la derogación de las leyes de impunidad.

El juez federal Rodolfo Canicoba aseguró ayer que la mayor parte de los 46 argentinos reclamados por el juez español Baltasar Garzón ya están a disposición de la justicia y que sólo falta por localizar "a dos o tres". Algunas detenciones fueron practicadas después de que el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogara el viernes el decreto que impedía la extradición de los militares. Otros ya habían sido arrestados anteriormente por apropiación ilegal de hijos de desaparecidos.

Un sondeo hecho público ayer reveló que casi el 66% de los bonaerenses apoya la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final que beneficiaron a los represores. Según la encuesta, un 65,5% es partidario de que el Supremo dictamine la inconstitucionalidad de estas leyes.

RESIGNACION

El Ejército parece resignado a los acontecimientos. "No les gusta lo que sucede, pero se subordinan al poder constitucional", afirman en privado altos cargos del Gobierno, refiriéndose a las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, José Pampuro, aseguró que "existe un clima absolutamente tranquilo" en los cuarteles.

Según el diario Clarín , Pamburro "sabe que la situación no puede definirse como normal y que el malestar es evidente". Pero entre la "inquietud", de la que hablan cada vez con más frecuencia los sectores de derechas, y la posibilidad de un incidente político, hay un largo trecho.

Entre los militares requeridos por Garzón que todavía no han sido detenidos se encuentra el marino Jorge Raúl Vildoza, prófugo desde hace años por robo de bebés. El juez Rodolfo Canicoba Corral, que fue quien emitió las órdenes de captura, subrayó ayer que se ha iniciado "un proceso que pude durar varios meses, incluso años". De acuerdo con el tratado entre Argentina y España, Garzón tiene 40 días para cursar su solicitud a través de la Cancillería. De no hacerlo en ese plazo, los detenidos quedarían en libertad.

Cumplido este trámite, los jueces de las ciudades en las que viven los acusados deben hacerse cargo de las causas y decidir si la persona requerida sigue presa o no mientras se sigue el proceso de extradición. Si se acepta la solicitud de Garzón, los militares pueden apelar ante el Supremo. La última palabra la tiene el Ministerio de Exteriores.

Pocos imaginan a una cuarentena de represores subiendo a un avión con destino a Madrid. La apuesta de Kirchner es que, ante la nueva situación, el Tribunal Supremo o el Congreso declaren inconstitucionales las leyes de impunidad y los juicios se desarrollen en Argentina.