La impunidad comenzó a resquebrajarse a partir de 1998, cuando un juez de primera instancia consideró imprescriptible el delito de robos de bebés de los ciudadanos desaparecidos. Tres años más tarde, otro magistrado declaró esas leyes inconstitucionales. Y en el año 2003, el Congreso consideró nulas las normativas que el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín promovió, temeroso de una rebelión militar.