La mina San José, con sus 33 operarios bajo tierra, emerge ante la sociedad como el símbolo de la precariedad laboral que Chile ha heredado de la última dictadura, y apenas corrigió en 20 años de democracia. La distancia entre las urgencias y la realidad ha sido recorrida por la misma empresa.
La indignación por el derrumbe en Copiapó ha obligado al presidente Piñera a comprometerse a revisar la legislación laboral vigente. Hace dos años, el Congreso no pudo poner en marcha una ley que penalizara los delitos contra la seguridad de los trabajadores debido a la presión patronal.
