El ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, aseguró hoy que no tiene "ninguna voluntad de estigmatizar" a la comunidad gitana, tal y como le recrimina el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR).

Un día después de anunciar que en las últimas dos semanas se han desmantelado en Francia cuarenta campamentos gitanos ilegales y que se expulsará a unas 700 personas a Rumanía y Bulgaria, Hortefeux aseguró que desde su ministerio se pretende hacer "respetar la ley" y no señalar a ninguna comunidad en particular.

"No hay ninguna voluntad de estigmatizar a una comunidad", declaró ante la prensa un Hortefeux que evitó explayarse sobre un espinoso asunto que llena los informativos y páginas en los diarios franceses.

Las declaraciones de Hortefeux, sobre el que pesa una condena judicial por "injurias raciales", se producen después de que ese comité de la ONU, que examina las nuevas iniciativas políticas de París en materia de discriminación, asegurase que ha detectado en Francia un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia".

Se tratan de observaciones que han desatado una ola de críticas entre las formaciones de izquierda y asociaciones como el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), que aseguró en un comunicado que la estocada del comité de la ONU "merma de nuevo la imagen de Francia en el extranjero que da el Gobierno de Sarkozy".

Desde el Partido Socialista también lamentaron la "execrable imagen" de Francia tras las críticas del comité, mientras que la magistrada y diputada de la formación Europe Ecologie, Eva Joly, acusó a Sarkozy de practicar el "racismo de Estado".

Los expertos del CEDR mostraron su preocupación por la situación de los gitanos y de los nómadas, a los que se les quiere aplicar un sistema de carnés de circulación, que uno de los expertos de la ONU comparó con las medidas del Gobierno colaboracionista de Vichy con los nazis.

También inquieta a los miembros de ese comité de las Naciones Unidas el debate de la "identidad nacional" que lanzó el Gobierno o el concepto de "francés de origen extranjero", críticas a las que desde el Ministerio galo de Exteriores se respondió que el Gobierno persigue preservar "el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la seguridad".