Francia vivió hoy una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones, con 825.000 manifestantes según el Gobierno y tres millones según los sindicatos, en la novena protesta desde marzo pasado, mientras prosigue el bloqueo de las refinerías. Las refinerías centran el foco de atención del país, pendiente del efecto que el bloqueo tendrá en el suministro de combustible, mientras el Gobierno multiplica los llamamientos a la calma y asegura que no hay riesgo de penuria energética. Las doce centrales del país estuvieron cerradas en los últimos días, lo que provocó que la patronal del sector se viera obligada a hacer uso del producto almacenado. Los sindicalistas bloquearon ayer algunos de estos depósitos, lo que provocó que más de un centenar de gasolineras se quedara sin suministro. La situación fue más tranquila hoy, cuando el acceso a los depósitos no sufrió perturbaciones, pero el pánico generado en algunos consumidores que acapararon producto hizo que el combustible escaseara en dos centenares de estaciones. El principal problema aparece en el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, el mayor del país, donde el oleoducto que alimenta las reservas de combustibles para los aviones está parado y éstas no durarán más de dos días, por lo que el Gobierno está estudiando alternativas para alimentarlo. El mensaje del Ejecutivo es de tranquilidad, pero algunas aerolíneas ya han mostrado su inquietud por la situación. Según el diario "La Tribune", la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) pidió a las compañías que efectúan vuelos de larga distancia que vengan a París con los depósitos lo más cargados posibles para asegurarse el retorno. El movimiento que ahora encabezan los trabajadores de las refinerías sigue secundado por los ferroviarios, que mantienen paros en los trenes, así como por los camioneros, que han iniciado movimientos de bloqueo de ciertas carreteras. También están parados los depósitos de gas natural y muchos de los puertos de mercancías del país. En paralelo a esta situación, la jornada de protesta callejera pareció tomarse un respiro, cuatro días después de la última huelga general y tres antes de la siguiente, al menos si se toman las cifras del Gobierno, que consideró que hubo menos manifestantes que en las últimas concentraciones. La lluvia y el frío fueron las excusas esgrimidas por los sindicatos para explicar que la movilización no fuese a más, aunque las centrales aseguraron que hubo unos tres millones de personas en las calles, tantos como la última jornada de huelga en sábado, el pasado día 2. El Gobierno fue contundente al asegurar que la de hoy fue la movilización menos seguida desde septiembre pasado y contó con 825.000 millones de personas en las más de 200 concentraciones convocadas. Se trata de la primera buena noticia que recibe el Ejecutivo en relación con la reforma de las pensiones, después de que en las últimas semanas viera como nuevos sectores se sumaban al paro indefinido, entre ellos los combativos estudiantes. El descenso de la movilización es el fruto de la pedagogía del Gobierno, indicaron algunos de sus miembros, que señalaron que los debates en el Senado están siendo seguidos por los ciudadanos. La Cámara alta tiene previsto votar la reforma el próximo miércoles, por lo que la víspera los sindicatos han convocado una nueva huelga general. Será la verdadera prueba de fuego para esta estrategia de oposición a la reforma de las pensiones, mientras el frente sindical parece perder su unidad. Algunos líderes apuestan por incrementar la presión y mantener los paros indefinidos en sectores estratégicos, como los transportes o la energía. Otros consideran que el avance legislativo de la reforma les obliga a cambiar de táctica y negociar con el Gobierno otras concesiones, para que la imagen sindical no se vea manchada por un fracaso. El miércoles próximo los sindicatos se reunirán para decidir el seguimiento del movimiento.
