Diecisiete años después de entrar en vigor, la política del no preguntes, no digas con la que el Ejército de Estados Unidos castiga a los homosexuales en sus filas y los obliga al secreto sufre lo que pueden ser sus últimos estertores. El lunes la Administración Obama alcanzó un acuerdo con legisladores y activistas con el que se abre una vía para la abolición de esa directiva.
Tanto el Senado como la Cámara baja podrían votar esta misma semana enmiendas a una ley de presupuesto de Defensa que acaban con la discriminación. Según lo pactado, si se decide anular la directiva (y los votos no están garantizados), esa decisión no tendría efecto hasta que esté listo un informe interno del Pentágono sobre el impacto de la medida en sus filas.
El documento debe presentarse como muy tarde el 1 de diciembre. Habrá que esperar, además, a que le den su visto bueno tanto Obama como su secretario de Defensa, Robert Gates, y el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el almirante Mullen.
Pese a que los activistas aplauden el acuerdo, hay motivos para contener la celebración hasta leer el informe.
