Las duras sentencias dictadas por 14 tribunales cubanos contra disidentes defensores de los derechos humanos han provocado un alud de condenas fuera de la isla. Las de dentro, que también las hay, fueron parcialmente acalladas por la ausencia de libertad que impone el régimen castrista sobre los opositores. Hasta ayer, se hicieron públicas 36 condenas. Las penas dictadas, de 15 a 27 años de reclusión, suman 680 años de cárcel.

A las críticas expresadas hace unos días por EEUU y la UE se han ido sumando otros países, así como organizaciones cívicas y humanitarias y movimientos populares espontáneos. Ayer, concretamente, se añadieron las denuncias de Alemania, España, Canadá y México. La Comisión Europea exigió "la liberación inmediata" de los disidentes.

A la lista de los condenados hecha pública el pasado lunes se sumó ayer el nombre de la única mujer arrestada en la ola de detenciones de mediados de marzo, que ya pasó tres años en prisión por sedición. Se trata de la economista Marta Beatriz Roque, dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil y fundadora del Instituto Cubano de Economistas Independientes. Roque se enfrentaba a una petición fiscal de cadena perpetua y fue condenada a 20 años de cárcel.

Joel Roque, sobrino de Marta Beatriz, dijo que uno de los testigos claves de la acusación contra su tía fue Aleida Godínez, su asistente, quien, durante el juicio, se reveló como agente de la seguridad del Estado. Godínez se infiltró en la oficina de Roque para reunir pruebas contra ella.

Según fuentes opositoras, 11 testigos, conocidos como opositores, revelaron en varios juicios ser espías del Estado. No se tiene constancia de si las 36 sentencias hechas públicas afectan a la totalidad de los 78 detenidos en las últimas redadas. Tampoco se sabe con seguridad si los procesos instruidos son 71 o 78, y si en ellos se incluyen detenidos con anterioridad a marzo.

SIN APOYOS

Lo que mejor revela el aislamiento del régimen castrista es que no ha encontrado ningún apoyo. Hasta el Partido Comunista Francés condenó ayer "con la mayor firmeza" estos procesos políticos y exigió "la liberación inmediata" de sus víctimas.

Periodistas Sin Fronteras encabezó las protestas de un buen número de organizaciones profesionales, entre ellas el Instituto Internacional de Prensa (IPI). Amnistía Internacional calificó de "vergonzosa" la decisión de juzgar a los disidentes. "Esta gente puede haber sido detenida por el simple ejercicio pacífico de las libertades fundamentales".

Por otro lado, la justicia cubana somete a "juicio sumarísimo" a los secuestradores armados de la lancha Baraguá , una nave con 50 pasajeros en el puerto de Mariel, el pasado miércoles.