La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha calificado hoy de "preocupante" la "nueva política" del Gobierno francés en relación a los gitanos. Ha destacado que acciones como el desmantelamiento de sus asentamientos y las deportaciones colectivas, solo pueden "exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven".

En la inaguración de la decimoquinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay ha instado a los estados europeos, entre ellos Francia, a adoptar una política que permita a los gitanos "superar su marginalización".

Francia no ha tardado en defenderse de las acusaciones. El embajador francés ante la ONU en Ginebra, Jean-Baptiste Mattéi, ha asegurado que las medidas adoptadas "se inscriben estrictamente en el respeto a las leyes francesas y de la legislación europea". Las autoridades francesas, según el diplomático, "nunca han estigmatizado a personas pertenecientes a una minoría en función de su origen".

UNA "ATENCIÓN PARTICULAR"

"No hay un problema romaní, sino unos ciudadanos europeos más desfavorecidos que otros, que tienen dificultades de inserción y que merecen una atención particular", ha afirmado.

El embajador ha argumentado que, "con el fin de responder al estado de extrema precariedad económica que caracteriza a la mayoría de estas personas, entre ellas ciudadanos búlgaros y rumanos que se declaran de origen gitano, se le propuso a cada uno el beneficio de una ayuda de regreso humanitario, es decir, una ayuda a la reinstalación en su país de origen".

MATANZA DE INMIGRANTES EN MÉXICO

Además de mostrar su desacuerdo con la política de inmigración francesa, la representante de la ONU ha considerado preocupante "la situación de los emigrantes que salen de México o transitan por México", a la luz de la matanza de 72 de ellos aparentemente por el crimen organizado.

Y un tercer motivo de preocupación que ha destacado Pillay es la práctica de Estados Unidos de autorizar "asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo en circunstancias que desafían las normas internacionales establecidas para proteger el derecho a la vida y el imperio de la ley".

Pillay se ha referido así a la autorización dada a la CIA para ejecutar de forma extrajudicial a ciudadanos estadounidenses fuera de zonas de conflicto, una práctica de la Administración Bush asumida por el Gobierno de Barack Obama.