El presidente boliviano, Evo Morales, fue ratificado en su cargo con el 67,41% de los votos, según los últimos datos divulgados ayer por la Corte Nacional Electoral (CNE). Pero la fuerza de esa mayoría no logra frenar los desafíos de Santa Cruz. La fallida toma de una comisaria en esa región, la más próspera del país, en medio de incidentes que dejaron 41 heridos, ha encendido otra vez la señal de peligro en el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Para el ministro Alfredo Rada, se trata del "inicio de lo que parece ser una escalada de actos violentos", relacionados con las "huelgas cívicas" del próximo martes.
La llamada al diálogo realizada por Morales días atrás tuvo un previsible naufragio. Santa Cruz y los departamentos aliados (Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) decidieron no darle tregua al presidente, que recibió el respaldo de 2,1 millones de ciudadanos en las urnas, en una de las elecciones de mayor participación en la historia de Bolivia. Morales se impuso incluso en Chuquisaca y Pando, dos de los cinco departamentos que juegan a todo o nada.
La ruptura formal entre el Gobierno y las regiones díscolas tuvo lugar el viernes en la capital cruceña. La policía intentó desalojar a decenas de discapacitados que tomaron el edificio de la petrolera estatal (YPFB) reclamando la ley que les proporcionaría un bono anual de 286 euros.
La Unión Juvenil Cruceña, el grupo de choque de los autonomistas, salió en defensa de los manifestantes y se apoderó de una jefatura policial, ofrecida luego al prefecto regional, Rubén Costas, como suerte de botín de la guerra que libran contra el poder central. Costas, que también fue ratificado con un 70% de votos, aprovechó para convocar a los cruceños a seguir la lucha.
