La oposición al autoritario presidente de Bielorrusia, Aleksándr Lukashenko, quien ganó el domingo sus cuartas elecciones presidenciales consecutivas, se dirigió ayer a la Unión Europea (UE) para pedirle que intervenga y ayude a poner fin a las represalias políticas que siguieron a la jornada electoral.

El opositor Aleksándr Milinkévich, candidato presidencial en los comicios del 2006, convocó una marcha de solidaridad con los 640 detenidos el domingo por su participación en protestas callejeras contra el presunto fraude electoral. Entre ellos se encuentran siete de los nueve candidatos que competían con Lukashenko en las papeletas electorales. Milinkévich, que recibió en el 2006 el premio Sájarov, enviará una carta a la UE para que interceda por los represaliados.

"Si la comunidad internacional y, en particular, la UE no reacciona adecuadamente, las autoridades continuarán con la represión masiva del movimiento democrático bielorruso", dijo Milinkévich. Según el código penal bielorruso, los candidatos opositores podrían ser condenados a 15 años de cárcel.

Después de que se conocieran los primeros resultados, que dieron un 80% de los votos a Lukashenko, varios partidos de la oposición llamaron a sus partidarios a manifestarse en el centro de Minsk contra el presunto fraude en el recuento. Según los sondeos a pie de urna de la oposición, solo un 38% de los electores apoyó a Lukashenko. Cuando los manifestantes rompieron cristales en los edificios gubernamentales, la policía les atacó con porras y granadas.

AMENAZA DE ABOLICION La UE condenó el lunes las detenciones, mientras los observadores occidentales afirmaron que el recuento no fue transparente. Las autoridades bielorrusas no ocultan su intención de aprovechar las protestas de la oposición para cazar a los adversarios políticos del régimen de Aleksándr Lukashenko, en el poder desde 1994. El ministro de Justicia de Bielorrusia, Viktor Golovánov, advirtió ayer de que el Gobierno bielorruso ilegalizará a los partidos políticos que tomaron parte en los choques con la policía. "Si los partidos políticos y las organizaciones sociales decidieron en las reuniones de sus órganos ejecutivos participar en acciones no autorizadas y disturbios masivos, entonces, nos plantearemos su abolición", declaró.

En régimen de prisión preventiva se encuentran 639 personas, de las que más de 580 ya han sido condenadas, en su mayoría a entre 5 y 10 días de arresto.