Las órdenes católicas de Irlanda anunciaron hoy que atenderán las demandas que ha hecho el Gobierno para aumentar las compensaciones económicas a las personas que sufrieron abusos y malos tratos durante su infancia en instituciones de la Iglesia.
El primer ministro irlandés, Brian Cowen, había llegado a señalar que las órdenes católicas tienen la "responsabilidad moral" de incrementar las compensaciones económicas a las miles de víctimas después de que la semana pasada se publicara un informe de la Comisión de Investigación sobre el Abuso Infantil que detalla los abusos a menores que se cometieron en centros católicos como reformatorios o escuelas profesionales.
La congregación de los Hermanos Cristianos ya anunció ayer que finalmente revisará los acuerdos que en el año 2002 alcanzó con el Gobierno para reparar a las personas que sufrieron abusos y malos tratos entre las décadas de los años treinta y setenta.
Siguiendo esta estela, la orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad emitió hoy un comunicado en el que reconoce "la necesidad vital de encontrar nuevas vías para reparar el extremo dolor que ha sentido tanta gente", por lo que asegura que hará "todo lo posible" para conseguirlo.
Según el acuerdo de 2002, las órdenes católicas irlandesas se comprometieron a destinar 127 millones de euros a la reparación de las víctimas, y ahora se espera que el monto total se incremente hasta los 1.000 millones.
Las 18 congregaciones que están presentes en Irlanda habían rechazado en un principio renegociar el acuerdo, pero no han podido mantener esta postura debido a la insistencia y presión llegada desde los más altos cargos de la Iglesia en este país, como el cardenal Sean Brady, y la clase política.
Así pues, las Oblatas de María Inmaculada también se han comprometido a responder a los llamamientos del Gobierno. Esta orden religiosa gestionaba el reformatorio de Daingean, en el centro de Irlanda, el cual era descrito en el informe de la semana pasada como una institución anárquica donde se practicaban "palizas rituales".
Otras dos congregaciones que se han unido al llamamiento del Gobierno son las Hermanas de la Misericordia y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad.
A lo largo de 60 años, aproximadamente 35.000 menores fueron enviados a una red de instituciones de la Iglesia formada por reformatorios o escuelas profesionales. De ellos, más de 2.000 dijeron a la Comisión de Investigación sobre el Abuso Infantil que sufrieron abuso físico y sexual durante el tiempo que pasaron en estos centros.
