La Kneset (Parlamento israelí) votará este lunes la legalización retroactiva de casi 4.000 viviendas de colonos judíos construidas en tierra palestina privada, una acción sin precedentes que la oposición considera el primer paso hacia la anexión de facto de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
Las casas beneficiadas por la ley -3.850, según la oenegé israelí Shalom Ashjav (Paz Ahora)- se encuentran en 53 “outposts” -colonias judías consideradas ilegales por Israel que con la nueva norma serán legales- y otros asentamientos. El derecho internacional señala que todas las colonias en territorio palestino son ilegales.
La llamada Ley de Regularización, que se ha impulsado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, rompe con casi 40 años de veredictos de la justicia israelí contra la construcción en propiedad privada palestina. También supone la primera vez que la Kneset legisla sobre Cisjordania, territorio palestino ocupado que se encuentra fuera de la soberanía israelí y de la jurisdicción del Parlamento y donde rige la ley militar.
CONTRA EL SUPREMO
El Tribunal Supremo de Justicia de Israel considera ilegal confiscar tierra privada palestina para uso de ciudadanos israelís. En Israel, el gobierno puede expropiar tierras para propósitos públicos, pero no privados.
El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha informado este lunes a Trump de que la Kneset votaría la nueva iniciativa legal esta noche. “Dije que actuaría según nuestro interés nacional y esto requiere que no sorprendamos a nuestros amigos y los mantengamos informados”, ha indicado Netanyahu en Londres, donde se ha reunido con la primera ministra británica, Theresa May.
Desde que Trump fue investido presidente de EEUU, el Gobierno israelí ha anunciado la construcción de más de 6.000 viviendas en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén este. Durante el mandato de Barack Obama, muchos de los planes para ampliar colonias en territorio palestino tuvieron que congelarse por presiones de Washington.
800 HECTÁREAS EXPROPIADAS
Según Shalom Ashjav, la Ley de Regularización, “que supone el robo de 8.000 dunam (800 hectáreas) de terrenos de propiedad privada palestina, convertirá a ciudadanos israelís en ladrones. Cualquier persona podrá robar tierras en Cisjordania mientras lo haga para instalarse allí”.
“La ley garantiza luz verde a los colonos para arrebatar más tierras privadas sabiendo que pueden ser “reguladas” para su uso (…) y prácticamente permite al Gobierno y a individuos privados robar tierra de los palestinos sin ninguna implicación legal”, ha alertado Shalom Ashjav, que califica la ley de “golpe mortal a la democracia”.
La norma permitirá declarar propiedad estatal la tierra palestina sobre la que se hayan construido los “outposts” “por buena fe o a instancias del Estado” y negará a sus dueños legítimos el derecho a usar o mantener la propiedad de sus terrenos hasta que haya una resolución diplomática sobre el estatus definitivo de los territorios palestinos.
OPOSICIÓN DEL FISCAL GENERAL
El propósito de la ley, que incluye compensaciones para los dueños de las tierras, es “regular los asentamientos en Judea y Samaria(nombres bíblicos para Cisjordania) y permitir su continuo establecimiento y desarrollo”.
El líder de la oposición israelí y cabeza de la Unión Sionista -coalición de laboristas y Hatnuah-, Isaac Herzog, ha subrayado que la ley es “ilegal y un desastre para Israel”.
El fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, es totalmente contrario al proyecto de ley porque contradice la ley internacional y ha asegurado que no la podrá defender ante ningún tribunal. La ministra de Cultura israelí, Miri Regev, ha advertido esta mañana que si el Supremo intenta descalificar la ley, “quedará justificado” que el Gobierno tome medidas inmediatas “para anexionar Judea y Samaria”.
La votación de la ley se producirá cuatro días después de que las fuerzas de seguridad israelís evacuaran el asentamiento de Amona, en Cisjordania. El Supremo obligó a desalojarlo y demolerlo por estar construido en tierra palestina privada.
