Un enredo ético-político-judicial. El Parlamento, una fiscalía y las presiones católicas han confluido para impedir que en los próximos días Eluana deje de existir. Su caso había sido examinado por nueve jueces distintos y un tribunal había dado permiso para que su padre y tutor la dejase morir. Pero tal vez ya no pueda ser así.

Eluana tiene 20 o 37 años, según se cuente hasta hoy o hasta el día en que su coche sufrió un tremendo accidente y su corteza cerebral murió para siempre. Cada mañana abre sus ojos azules y cada noche los cierra. Pero no ve nada, ni siente nada desde hace más de 16 años. La alimentan con una sonda. Tras el accidente fue reanimada y salió del coma profundo, pero quedó suspendida en algún lugar del que la ciencia no ha conseguido hacerla volver. Desde entonces vive en estado vegetativo. Para abrirle paso hacia la muerte, se ha planteado un caso ético-legal aún más complicado que el de Piero Welby, cuyo caso ya dividió a los italianos y a las instituciones dos años atrás.

El jueves, el Congreso planteó un conflicto formal entre instituciones del Estado, al que ayer se sumó el Senado. La Corte de Apelación de Milán había dictaminado que "la enferma tiene derecho a morir". Pero según los parlamentarios, los tribunales no pueden sentenciar sobre un derecho que no está regulado por ley, y es al Parlamento a quien le corresponde legislar.

En el pasado reciente, el Parlamento dedicó 49 sesiones al tema del testamento biológico, sin llegar a un acuerdo. De manera que, Beppino Englaro se dirigió personalmente a un tribunal preguntando qué podía hacer.

DERECHO DEL ENFERMO El caso llegó al Supremo, que sentenció que "un enfermo puede rechazar las terapias". Como tutor, el padre podía decidir en su nombre. La sentencia recordó "la extrema duración del estado vegetativo" de Eluana y el hecho de que, según testimonios unánimes, ella no habría querido permanecer como un vegetal. El Supremo añadió detalles sobre cómo proceder: que se haga en un hospital y sean médicos quienes garanticen "un adecuado y asistido acompañamiento". El Tribunal de Apelación dijo al padre que "la enferma puede ser privada de la sonda" de alimentación, porque eso la hará "volver al camino de la muerte natural, interrumpido por una reanimación que no reanimó".

Con la impugnación del Parlamento, el caso pasará al Tribunal Constitucional, y con la impugnación de la Fiscalía General de Milán volverá al Supremo. "El vacío legislativo es enorme, pero las culpas de los políticos son también enormes", dijo Lorenzo D´Avack, vicepresidente del Comité Nacional de Bioética.