La entrada masiva de inmigrantes clandestinos en el Sáhara Occidental amenaza con desestabilizar el alto el fuego que rige desde 1991 en ese territorio, cuya soberanía se disputan Marruecos y el Frente Polisario. En los últimos meses, con el argumento de luchar contra la inmigración clandestina, las partes en conflicto han realizado inquietantes movimientos de tropas y han aumentando sus efectivos en las proximidades del muro que les separa. Además, la voluntad de algunos países europeos, sobre todo de España, de facilitar a Marruecos material de vigilancia de avanzada tecnología para que lo instale en el territorio, ha irritado al Polisario y ha obligado a la ONU a intervenir.

Desde que hace tres años las fuerzas de seguridad españolas blindaran el estrecho de Gibraltar con el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el flujo de pateras se ha desviado desde el norte de Marruecos hacia el Sáhara. Las playas saharauis son la nueva plataforma desde la que zarpan decenas de pateras con destino a Canarias.

Malí, Senegal y Zambia

En lo que va de año, las fuerzas de seguridad marroquís han detenido en el Sáhara a 871 inmigrantes clandestinos. En el 2004 detuvieron a 5.108 inmigrantes (4.449 subsaharianos; 358 asiáticos, y 301 magrebís). También el Polisario ha interceptado a inmigrantes. Aunque la mayoría viene de Malí y Senegal, al Sáhara han llegado gentes incluso de Namibia y Zambia.

La aparición del fenómeno en una zona tan volátil ha disparado la tensión, en especial a partir de enero, cuando la monarquía marroquí decidió reforzar sus posiciones militares en el interior del territorio con el argumento de impedir el paso de inmigrantes a través del muro. Según fuentes del Polisario, "Marruecos ha desplegado entre 2.500 y 4.000 militares en las cercanías del muro".

Fuentes diplomáticas europeas confirmaron las cifras y alertaron "del peligro de que las tropas de ambas partes se acerquen", en un momento en que la búsqueda de un arreglo pacífico está en el aire.

Ese incremento de tropas marroquís ha llevado al Polisario a hacer lo mismo. "También hemos enviado tropas a la zona liberada y hemos reocupado posiciones abandonadas desde el alto el fuego", explica Emhamed Hadad, representante del Polisario ante la Misión de la ONU para el Referendo en el Sáhara Occidental (Minurso). Hadad no duda en afirmar que todos esos movimientos "son una maniobra política de Marruecos" que nada tiene que ver con la lucha contra la inmigración ilegal, pues a través del muro casi no pasan inmigrantes, Según Hadad, en esa zona hay cinco millones de minas y circular por allí es un suicidio.

Marruecos no opina lo mismo. "Nuestros hombres impiden el paso cada día a decenas de inmigrantes que intentan atravesar el muro", asegura un responsable marroquí en El Aaiún. Las autoridades marroquís, cuya eficacia en la lucha contra la inmigración ha mejorado mucho en los últimos dos años, niegan haber aumentado el número de militares en la zona, aunque sí admiten que se "ha producido un redespliegue de fuerzas para impedir el paso de inmigrantes."

Además del despliegue militar, han sido las ayudas que España pretende entregar a Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal en el Sáhara Occidental las que han generado mayor tensión. Un ejemplo de ello fue el incidente que se produjo en enero cuando, en Rabat, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, anunció la intención de los gobiernos español y francés de facilitar a Marruecos un sistema de vigilancia similar al SIVE, financiado por la UE, para instalarlo en las costas del Sáhara.

El Frente Polisario montó en cólera, pues consideró que, con esas medidas, España y Francia reconocen de facto la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui. Pero la polémica no quedó ahí. La Minurso contactó con el Gobierno español y le avisó de que esa iniciativa no podía llevarse a cabo por tratarse de un territorio cuya soberanía no se ha determinado. Después, la Comisión Europea llamó al orden a Madrid y dijo que no financiaría el proyecto.

"Zapatero --advierte Hadad-- debe saber que dar el SIVE a Marruecos es una ilegalidad. Con esas iniciativas, el Gobierno español está jugando con fuego".