La propuesta de la presidencia francesa de la UE y de la Comisión Europea de penalizar como delito la contratación de inmigrantes irregulares chocó ayer con la firme oposición de Alemania y otros seis países comunitarios. La propuesta de establecer la obligación de inspeccionar al menos el 5% de las empresas cada año para detectar las contrataciones de trabajadores sin papeles tuvo todavía una oposición mucho más amplia en el Consejo de Ministros de Justicia.
El debate ministerial mostró una clara división de Europa sobre esta cuestión entre los países del norte, menos afectados por el fenómeno de la inmigración ilegal, y los países del sur, que sufren más el actual envite de la presión migratoria.
El ministro español, Celestino Corbacho, apoyó la directiva, porque "el culpable de la inmigración ilegal es quien la explota". Pero abogó por castigar por vía administrativa a los empresarios que contraten irregulares.
