El acoso policial y las sospechas de corrupción han pasado a ensombrecer la gestión de Tony Blair en la recta final de su carrera política. El primer ministro británico ha vuelto a hacer historia al ser interrogado, por segunda vez el pasado viernes, por agentes de Scotland Yard en el caso de concesión de títulos y privilegios a cambio de donativos al Partido Laborista. Ningún jefe de Gobierno en ejercicio en el Reino Unido había sufrido jamás una humillación similar.

Los agentes que desde hace casi un año investigan posibles irregularidades de los laboristas, interrogaron a Blair en Downing Street como testigo, al igual que ocurriera en diciembre. Tampoco esta vez el primer ministro contó con un abogado y solo un funcionario, que tomó notas, estuvo presente en la conversación, que duró unos 45 minutos.

El hecho de que el interrogatorio se conociera ayer, seis días después de tener lugar, causó estupor. La policía pidió a Blair mantener un embargo informativo sobre la interpelación "por razones operativas", según el comunicado emitido por Scotland Yard. "El primer ministro ha sido entrevistado brevemente para clarificar algunos puntos surgidos en la investigación en marcha. Fue entrevistado como testigo, no como sospechoso, con total cooperación por su parte", añadió la nota.

Nada ha trascendido sobre el contenido exacto del interrogatorio, pero ciertas especulaciones no descartaban que pudiera haber estado relacionado con la detención, cuatro días después, del hombre de confianza de Blair, Michael Levy. El principal recaudador del Partido Laborista fue interrogado como sospechoso de haber intentado obstruir la acción de la justicia destruyendo u ocultando pruebas.

En libertad sin cargos Lord Levy, que ya había sido detenido en julio, quedó en libertad sin cargos. Otra íntima colaboradora de Blair, Ruth Turner, directora de relaciones con el Gobierno, también fue detenida e interrogada el mes pasado por posible encubrimiento.

Esa presunta destrucción de pruebas, como correos electrónicos o documentos informáticos, se ha convertido ahora en una segunda investigación policial, tan importante o más que las indagaciones originales sobre la venta de títulos. En el Reino Unido, obstaculizar la labor de la justicia es un delito muy grave y puede llevar a la cárcel. De momento, 90 personas han sido interrogadas por la policía, pero nadie ha sido procesado.

Gran tensión La tensión en Downing Street es cada mayor, ante el temor de que alguien termine ante los tribunales. La impresión, además, de que Blair está tratando de burlar una ley anticorrupción que él llevó al Parlamento puede causar un daño irreversible al Partido Laborista. El ministro de Finanzas y futuro sucesor, Gordon Brown, sigue esperando el relevo, mientras Blair se aferra al cargo y quiere seguir hasta verano.