"Nunca hubo mayor libertad de expresión que ahora", se jactó ayer la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al enviar al Congreso un proyecto de ley para eliminar el delito de "calumnias e injurias" contra los periodistas. Como telón de fondo del anuncio, el Gobierno y la oposición se enfrentaron con ferocidad por la presencia de 200 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a Hacienda, en las puertas del Grupo Clarín, el principal grupo de prensa de este país. "Nunca Buenos Aires se pareció tanto a Caracas ni los Kirchner fueron tan similares a Hugo Chávez", dijo el diario La Nación, que comparó lo ocurrido el jueves con los recientes ataques de enfurecidos chavistas a la cadena Globovisión.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó ayer que haya sido la AFIP la que envió a los sabuesos a la sede de Clarín . Sugirió que se ha tratado de una maniobra "financiada" en un momento en que los Kirchner atraviesan una "situación tirante" con Clarín por la Ley de Comunicación Audiovisual. La principal autoridad de la AFIP, Ricardo Echegaray, destituyó a los responsables de la inspección.
Los Kirchner han lanzado una ofensiva parlamentaria para aprobar en la Cámara de Diputados la llamada ley de medios que, según las empresas periodísticas y la oposición, se puede convertir en un instrumento intimidatorio. En Argentina rige aún un marco regulatorio de la dictadura. Muchos creen que el país necesita una nueva ley audiovisual, pero sospechan que es promovida como parte de la pelea entre el Gobierno y Clarín .
LA RETRANSMISION DEL FUTBOL En el marco de esta guerra, de impredecibles consecuencias, los Kirchner nacionalizaron la retransmisión televisiva del fútbol y bloquean la fusión de dos operadoras de cable. En ambos negocios está involucrado el principal grupo mediático del país.
El año pasado, el Gobierno sufrió una severa derrota cuando no pudo sancionar la ley que le permitía aumentar los impuestos a los exportadores de soja. Los analistas estiman que el golpe sería mayor si fracasa en su empeño de impulsar la nueva ley de medios sin consenso.
