La empresa nacional de ferrocarriles franceses (SNCF) dio ayer por terminada la inspección de los 32.000 kilómetros de vía férrea que recorren toda Francia sin detectar ninguna de las nueves bombas que decía haber colocado el misterioso grupo terrorista AZF, que mantiene movilizada a la policía y a los ferroviarios. El ministro francés de Justicia, Dominique Perben, que calificó la rocambolesca historia de "canallada", vaticinó la rápida identificación y detención de los culpables. Pero el hecho es que la policía no dispone de ninguna pista y se ha roto el contacto con los extorsionadores al revelarse a través de la prensa que falló la operación para pagar el rescate.

MAS VIGILANCIA En medio de una gran polémica por no haber avisado antes a los usuarios de los ferrocarriles franceses, ayer se intensificó la vigilancia en las estaciones y las principales líneas de trenes.

Los usuarios del tren se tomaron la noticia con fatalismo e incredulidad ante una situación que "no tiene ni pies ni cabeza", como decía un pasajero en la estación de Montparnasse (París). "Que no cunda el pánico", era la consigna de las autoridades frente a una opinión pública que, por ahora, no ha perdido el temple. Los responsables policiales, en cambio, se muestran preocupados por esta situación inédita.

En las cartas enviadas a las autoridades de Francia desde diciembre y reveladas el miércoles por el diario regional La Dépªche du Midi , el grupo AZF --que tomó las siglas de la planta química que explotó en Toulouse en el 2001-- amenazó con hacer explotar sucesivamente 10 bombas colocadas en varios puntos de la red ferroviaria francesa si no se le pagaba un rescate de 4 millones de dólares y un millón de euros. Para dar veracidad a la amenaza, los extorsionadores revelaron la situación de uno de los explosivos, situado en la línea de Toulouse a París, cerca de Limoges.

RESCATE FRUSTRADO El lunes se frustró la entrega del rescate por un error de localización y, casi al mismo tiempo, se divulgaron en la prensa las amenazas. La filtración provocó la intervención del ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, que confirmó haber pedido a las redacciones que embargaran la noticia. Sus colaboradores dijeron ayer que se había "perdido la esperanza" de resolver el asunto.

La investigación judicial se encuentra en manos de los jueces Jean-Louis Brugui¨re y Philippe Coirre. El fiscal antiterrorista de París encargado del caso, Michel Debacq, fue destituido por no haber informado a sus superiores de datos sobre el caso.

EMBARGO EN LA PRENSA Un debate se ha abierto en la prensa francesa acerca de la necesidad de respetar el embargo que había decretado el Ministerio del Interior sobre la información. Jean Christophe Giesbert, director de La Depeche du Midi , el rotativo que lanzó la bomba informativa, reaccionó de forma virulenta ante las presiones del ministro del Interior y se escudó en "el deber de informar" para publicar la noticia. Giesbert considera que la prensa "no tiene porqué seguir las consignas de Interior".

Por su parte el vespertino Le Monde defendió su postura de no informar, "no porque lo pidiera el ministerio", sino porque consideraron que "la información era insuficiente y había que investigar".

Este caso parece calcado al que vivió la República Checa hace un año, cuando un hombre amenazó al Gobierno con atentar contra la red de ferrocarril si no conseguía 320.000 euros. Al igual que en Francia, y pese a la presión de las autoridades, un periódico reveló el caso.

El Gobierno checo lanzó desde un helicóptero la suma exigida por el extorsionador, pero nadie acudió a recoger los sacos en los 25 puntos que había marcado el agresor. El terrorista nunca llegó a ser detenido.