Ocho meses después de las elecciones legislativas en las que el Partido Socialista (PS) consiguió la mayoría absoluta, los portugueses tienen que volver a las urnas, en esta ocasión para decidir quiénes serán los alcaldes de los 308 ayuntamientos del país. Un tercio de ellos están siendo investigados por la policía judicial por sospechas de delitos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, un hecho que la propia policía ha calificado de "preocupante", no sólo por el elevado número de alcaldías implicadas --124 en concreto-- sino también por el contenido de las denuncias.
Esta situación ha llevado a que, durante la última campaña electoral, hayan surgido una serie de candidatos que, al no contar con el apoyo de sus partidos, hayan decidido participar en las elecciones de forma independiente.
´Caso silbato dorado´
Es el caso de Valentim Loreiro, alcalde de Gondomar y uno de los encausados en el caso silbato dorado , un escándalo de corrupción arbitral y tráfico de influencias; Fátima Felgueiras, exalcaldesa de Felgueiras, que huyó a Brasil hace dos años cuando la acusaron de estafa y corrupción; y Avelino Ferreira de Torres, condenado por delitos cometidos en el ámbito de sus funciones como alcalde de Marco de Canaveses, cerca de la localidad de Oporto.
Los sondeos apuntan a que todos ellos pueden obtener resultados muy favorables en los próximos comicios, lo que, según Francisca Van Dunem, procuradora general adjunta y coordinadora del Departamento de Investigación Penal de Lisboa (DIAP), se explica porque gran parte de la población portuguesa considera que "la pequeña corrupción es endémica en la administración pública".
Precisamente, la administración está siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del actual primer ministro, José Sócrates. Aunque él reiteró que su Gobierno "continuará los cambios sin mirar a intereses particulares", lo cierto es que la sucesión de manifestaciones y huelgas en los diferentes sectores públicos pueden hacer mella en los resultados del PS.
Durante las últimas semanas, una de las protestas que más alarmó a la ciudadanía fue la de los militares. Las tres asociaciones del país convocaron una manifestación que al final no pudo celebrarse por la prohibición del Gobierno Civil luso. Antonio Lima Coelho, presidente de la Asociación Nacional de Sargentos, criticó la "intransigencia" del Gobierno portugués por "proponer los cambios sin dialogar con ellos".
Entre las medidas más polémicas se encuentran la alteración de la edad de la jubilación para los funcionarios, y el final de la progresión automática en las carreras en el sector público y de los subsistemas existentes en ciertos sectores públicos. Para Coelho, que los militares cuenten con un régimen sanitario propio "no es un privilegio, sino un reconocimiento a su entrega por la patria", argumenta Coelho.
A la huelga por la salud
También la salud ha sido uno de los motivos de la huelga convocada la semana pasada por el sindicato de los funcionarios judiciales portugueses (SEF). Su presidente, Fernando Jorge, culpó a José Sócrates de haber adoptado una "actitud autoritaria" y afirmó que, en su opinión, "debe discutirse el estatuto de remuneraciones y las condiciones de trabajo de los tribunales antes de tomar una decisión".
700.000 funcionarios
Pero hay portugueses que no comprenden las quejas de los funcionarios públicos. Alice G., trabajadora de una empresa privada de electricidad que prefiere mantener el anonimato, opina que "los funcionarios públicos no pueden tener mejores condiciones que aquellos que les pagan". Para ella, las medidas anunciadas por Sócrates son una cuestión de "justicia social". Es de la misma opinión Luis M., un empresario de 46 años que está estudiando español para abrir un negocio en España. Para él, el primer ministro luso se halla en el buen camino, pero considera que, "para que Portugal mejore, todavía harán falta unos años".
En Portugal hay más de 700.000 trabajadores del sector público, lo que supone una franja de la población cuya opinión es determinante en los resultados. En las elecciones de hace cuatro años, el PS perdió Lisboa y Oporto en favor del Partido Socialdemócrata (PSD).
Tras la derrota, el entonces primer ministro portugués, el socialista António Guterres, dimitió de su cargo. Aún así, aunque los sondeos apuntaban a un descenso de popularidad del PS, la mayoría de los portugueses no cree que Sócrates vaya a dimitir. "Todavía cuenta con el estado de gracia de los portugueses", sentencia Luis.
