La justicia de Guatemala se tomó su tiempo pero lo logró. Un civil acusado de colaborar con militares, Felipe Cusanero, fue condenado a 150 años de cárcel por seis desapariciones de indígenas ocurridas durante los años de conflicto armado en ese país centroamericano, entre 1960 y 1996.
Un tribunal de Chimaltenango concedió la cadena perpetua a las familias de las víctimas, condena que tiene una enorme carga simbólica en un país que sigue luchando con su pasado desde el Acuerdo de Paz Firme y Duradera del 29 de diciembre de 1996 y con los fantasmas de la guerra civil que lo asolaron durante décadas.
"Esta sentencia constituye un gran paso en la historia del país y da una luz de esperanza a miles de familiares de víctimas de la guerra", dijo, tras el fallo, Alex Castillo, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos.
El proceso fue abierto en junio del 2003 y hasta ayer no se definió la sentencia que resultó en condena. A Cusanero se le responsabiliza de las desapariciones, entre 1982 y 1984, de dos mujeres y cuatro hombres, todos ellos indígenas, en el poblado de Choatalum, una pequeña parte de las más de 45.000 registradas durante más de 30 años de guerra civil, represión política y conflicto armado.
El condenado, que puede apelar la sentencia, era "comisionado militar", en otras palabras un agricultor convertido en colaboracionista del Ejército en la lucha que esa institución libró contra la guerrilla de izquierdas.
La violencia se desató en el país en 1954 y a partir de entonces hasta mediados de los 90 marcó la historia del país centroamericano, donde siguen vivas las voces que exigen justicia para las 200.000 víctimas que dejó la guerra.
Según el informe Guatemala Nunca Más, detrás de la conflictividad social estuvieron "la exclusión política, la discriminación étnica y la injusticia social".
