Un juez argentino procesó a Fernando de la Rúa por el "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas sufridas por un centenar de manifestantes en el estallido social que a finales de 2001 derivó en su renuncia a la presidencia del país, informaron hoy fuentes judiciales. La medida fue adoptada el lunes por el magistrado Claudio Bonadío, quien además decidió el embargo de bienes del ex gobernante (1999-2001) por un importe de 20 millones de pesos (4,4 millones de euros).
Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 los disturbios y saqueos a comercios registrados en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos de Argentina causaron una treintena de muertos. Al declarar hace un año ante el juez, el ex presidente alegó que hubo un "complot" contra él que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una grave crisis económica.
El juez trata de aclarar quiénes fueron los responsables de la represión lanzada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin contactar con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.
A finales de 2001, el gobierno de De la Rúa, debilitado por disputas internas, adoptó el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares. El 19 de diciembre renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.
En marzo pasado, un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un guardia, respectivamente, por dos homicidios cometidos durante el estallido social, en el primer juicio celebrado en Argentina por los hechos de violencia de 2001.
