La Cámara Nacional de Casación Penal suspendió ayer la orden de liberar al excapitán Alfredo Astiz y a otros 20 represores más salvajes de la última dictadura militar argentina (1976-1983). La medida, adoptada el pasado jueves, provocó tal indignación que se revocó un día después.
Los jueces dieron marcha atrás después de recibir la petición del fiscal Raúl Plee. Pero la presión más fuerte provino de los organismos defensores de los derechos humanos y del Gobierno. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, había amenazado con pedir al Consejo de la Magistratura un proceso de destitución de los jueces autores del dictamen.
"Hoy es un día de vergüenza para Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", dijo la presidenta Cristina Kirchner, el jueves por la tarde, al conocer la noticia de la liberación.
