Arrecia en EEUU la tormenta política y legal por el espionaje, sin autorización judicial, de las telecomunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses. El viernes, dos abogados presentaron una demanda ante un tribunal de Nueva York que busca que Verizon, una de las tres compañías telefónicas que colaboró con el Gobierno de George Bush facilitando datos confidenciales de sus clientes, pague más de 38.000 millones de euros de compensación. Otra querella, interpuesta en enero pasado en California, esta contra AT&T, llevó el viernes a la Administración a personarse en el caso, que intentará desestimar escudándose en la protección de secretos de Estado.

Los expertos auguran una oleada de demandas similares que probablemente afectarán también a la tercera compañía acusada de colaborar con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), BellSouth. Sin embargo, Bush insistió ayer en la defensa del espionaje. "El Gobierno no escucha las llamadas domésticas sin orden judicial. Nuestros esfuerzos se centran en vínculos con terroristas de Al Qaeda", dijo el presidente, que vinculó el programa con el hecho de que no se hayan registrado atentados en EEUU desde el 11-S.

LA LEY DE 1986 Pero las informaciones que hasta el momento ha revelado la prensa indican que sí se ha violado la privacidad de los estadounidenses. Aunque las compañías telefónicas solo facilitaron al Gobierno registros de los números desde los que se efectuaban y se recibían las llamadas, así como su duración, nadie duda de que para la NSA es fácil obtener más datos combinando la información telefónica con la de otras bases de datos.

Incluso facilitando solo esa información, las compañías pueden estar violando la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, sancionada en 1986. Esta ley, que establece indemnizaciones de hasta 773 euros por violación y cliente, hace ilegal que las telefónicas faciliten cualquier tipo de dato a cualquier entidad gubernamental sin permiso judicial. Y, según publicó primero en diciembre The New York Times , luego Los Angeles Times y esta semana USA Today , eso es lo que han hecho AT&T, Verizon y BellSouth. Solo otra compañía, Qwest, se negó a colaborar hasta que no se la obligara con una orden judicial.

TAMBIEN INTERNET El caso de espionaje masivo puede extenderse también a internet. Los abogados de la Electronic Frontier Foundation que presentaron la demanda contra AT&T cuentan con el testimonio y los documentos facilitados por Mark Klein, un técnico jubilado de la compañía. La información de Klein está ahora bajo secreto judicial y puede que nunca llegue a ver la luz. El Departamento de Justicia había anunciado el mes pasado que alegaría el "privilegio de secretos de Estado y militares" para intentar que el caso sea desestimado y eso fue lo que hizo el viernes, cuando planteó una moción. En ella se asegura que el proceso podría implicar "la revelación de secretos de Estado" y se dice que "EEUU es la única entidad posicionada adecuadamente para explicar por qué un litigio sobre el tema amenaza la seguridad nacional".

La posición del Gobierno es la misma desde que se desató la controversia por el programa de espionaje, el año pasado. La Administración argumenta que el artículo 2 de la Constitución dota al presidente de autoridad para utilizar intervenciones de las comunicaciones en la denominada "guerra contra el terror", y se suele recordar que el Congreso autorizó al Gobierno a "usar toda la fuerza apropiada y necesaria" en esa lucha.