El próximo lunes la justicia marroquí y los movimientos islamistas se enfrentarán a una dura prueba. Un tribunal de Casablanca, capital económica de Marruecos, iniciará el juicio a 27 acusados, presuntamente implicados en los actos terroristas del pasado 16 de mayo, en los que murieron 43 personas, entre ellas 13 terroristas suicidas y cuatro españoles. Los atentados de aquella sangrienta jornada fueron perpetrados contra el hotel Farah, la Casa de España, un restaurante italiano colindante con el consulado de Bélgica, la Alianza Israelí y un antiguo cementerio judío.
Todos los procesados de este grupo serán juzgados en base a artículos del Código Penal, pero hay otros tres grupos a los que se les aplicará la ley antiterrorista adoptada por el Parlamento después del 16 de mayo. Aunque en los últimos años rige en Marruecos una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, se da por seguro que la pena capital se incluirá en las peticiones fiscales. Todos los detenidos tienen nacionalidad marroquí excepto el francés Robert Antoine, musulmán converso, y el jordano Abu Musab Zarkaui.
Antoine está acusado de ser uno de los organizadores de la Salafía Yihadía (Autenticidad y Guerra Santa), asociación responsable de los actos terroristas. Zarkaui está considerado uno de responsables de Al Qaeda, y es sospechoso de ser el principal organizador de los atentados de Casablanca. Tras las pesquisas, se han detenido más de 200 personas.
