La justicia marroquí ha querido que las sentencias contra los acusados por los atentados de Casablanca sean un escarmiento ejemplar. Por ello, el Tribunal de Apelación de Casablanca se ha empleado con dureza y ha saldado el principal macrojuicio por esos atentados condenando a muerte a cuatro de los implicados. Además, ha dictado 39 cadenas perpetuas, 15 penas de 30 años y 15 de 20 años. De las 87 personas juzgadas el lunes, sólo 14 purgarán entre 6 meses y 8 años de cárcel.
COBARDIA DE DOS TERRORISTAS
Los jueces, que dictaron las sentencias a la una de la madrugada del lunes, condenaron a muerte a Mohamed Omari y Rashid Jalil, los dos activistas que se echaron atrás en el último instante y que, a diferencia de los otros 12 terroristas, no se hicieron estallar en los atentados del 16 de mayo, en los que murieron 45 personas, entre ellas cuatro españolas.
Omari, un joven de 23 años que trabajaba como guarda nocturno, formaba parte del comando que atentó contra el Hotel Farah. Por su parte, Jalil, un soldador de 27 años, debía hacerse explotar frente al edificio de la Alianza Judía. Al ver cómo estallaban las bombas de sus compañeros, Omari y Jalil fueron incapaces de suicidarse.
Las confesiones que hicieron Omari y Jalil en los interrogatorios sirvieron para que la policía descubriera la trama de la Salafiya Combatiente, el movimiento radical que perpetró los ataques.
El tribunal también condenó al patíbulo a Yahcen Lahnech, acusado de ser un kamikaze suplente , y a Hassan Tausi, que ayudó a preparar los ataques. Los condenados a muerte fueron acusados de "homicidios con premeditación, atentado a la seguridad del Estado y asociación criminal".
En el proceso del lunes también fueron juzgados los cuatro predicadores considerados como los ideólogos de la Salafiya Combatiente. Uno cumplirá cadena perpetua y los otros tres, penas de 30 años. Al resto de los inculpados se les acusó de ser terroristas listos para atentar en centros turísticos o de estar vinculados a la Salafiya Combatiente.
Estas no son las primeras sentencias de muerte que dicta la justicia marroquí en su cruzada contra los movimientos salafistas. El 12 de julio, 10 miembros de la Salafiya Combatiente, entre ellos un marroquí nacionalizado español, fueron condenados a la pena capital. Ahora está por ver si esas condenas se aplican, pues en Marruecos la pena de muerte no se ejecuta desde 1993. Además, el ministro de Justicia, Mohamed Buzuba, ha hablado en favor de su abolición.
El juicio del lunes es uno de los muchos contra las 1.042 personas acusadas de vinculación con el terrorismo. Enviando a prisión a los detenidos, a veces con pruebas endebles, los tribunales siguen la labor de la policía, que detiene a los sospechosos de simpatizar con la Salafiya.
