El reparto del poder entre los estados miembros de la UE y la autoridad efectiva de la Comisión Europea para obligar a los países a reducir su déficit público centraron ayer los debates de la negociación final de la Constitución, en la primera jornada de la cumbre de Bruselas. A pesar de las diferencias que aún enfrentan a los 25 líderes, el primer ministro irlandés y presidente semestral de la UE, Bertie Ahern, confió en que hoy se pueda aprobar la primera Constitución europea, porque las "diferencias no son insuperables" y "existe una firme voluntad de llegar a un acuerdo". Ahern anunció que hoy presentará un texto de compromiso revisado.

La propuesta de la presidencia irlandesa sobre la reforma institucional de la UE obtuvo el respaldo de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, que no plantearon objeciones, aunque preferían el borrador original de la Constitución. La principal oposición a la reforma institucional fue suscitada por los países pequeños y medianos.

REFORMA INSTITUCIONAL La propuesta establece que, a partir del 2009, las decisiones del Consejo de Ministros se adoptarán por una mayoría del 55% de los estados que representen al menos el 65% de la población de la UE. Con el fin de limitar la capacidad de bloqueo de los países más poblados, harán falta cuatro estados como mínimo para poder impedir una decisión aunque sumen más del 35% de la población. La propuesta irlandesa incluye elevar el número total de escaños del Parlamento Europeo hasta 750 para permitir aumentar los eurodiputados de España, Polonia y los estados más pequeños.

Irlanda retrasa hasta el 2014 la reducción del tamaño de la Comisión Europea para permitir que durante los próximos 10 años cada país tenga un comisario. España valoró como un gran avance la propuesta irlandesa, pero insistió en aumentar el umbral de población hasta los dos tercios (66,66%). España convenció además a Polonia para que aceptara el sistema de doble mayoría y se alineara con la reivindicación española.

La mayor oposición surgió de los países pequeños y medianos, como Austria, Portugal, Finlandia, Hungría, República Checa, Letonia, Eslovenia y Chipre. Estos países defendieron que el porcentaje de estados y de población para adoptar las decisiones debía ser el mismo (50%-50%, 55%-55%, 60%-60% o 65%-65%).

Los pequeños y medianos argumentaron que la separación de 10 puntos porcentuales entre los dos criterios es excesiva e indicaron que sólo aceptarían como máximo una diferencia de 5 puntos entre los dos criterios, para aumentar su poder de veto.

La disciplina presupuestaria y los poderes de la Comisión Europea para hacer respetar el pacto de estabilidad sobre los déficits públicos desencadenó otro de los enfrentamientos de la cumbre. El canciller alemán, Gerhard Schröder, que fue el primero en tomar la palabra, centró su intervención en rechazar taxativamente cualquier incremento de poder de la Comisión Europea en el control del déficit público de los estados.

FIRMEZA ALEMANA Schröder, que tiene su déficit público descontrolado, aceptó la reforma institucional propuesta por la presidencia, pero rechazó que se atribuyera a la Comisión Europea el poder de imponer a los estados miembros las medidas de reducción del déficit público, tal como establece el borrador de Constitución. Schröder exigió mantener el status quo actual, en que los estados en el Consejo de Ministros pueden rechazar o modificar las propuestas de la Comisión Europea.

El presidente francés, Jacques Chirac, que también tiene el déficit público fuera de control, expresó "todo su apoyo a las palabras del canciller alemán". Italia, Grecia y Polonia, todos con dificultades para sanear sus finanzas públicas, también se oponen a que el Ejecutivo comunitario tenga mayor poder en el control del déficit.

Frente a ellos se plantaron el primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, y el canciller austriaco, Wolfgang Schüssel, que rechazaron cualquier medida que debilite el pacto de estabilidad y la credibilidad del euro. El primer ministro británico, Tony Blair, aprovechó para intentar blindar aún más la capacidad de veto nacional en temas que tengan implicaciones fiscales y para limitar al mínimo la coordinación de las políticas económicas europeas.