El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) registró el domicilió de Luisa Ortega Díaz y la destituida fiscal general no dudó en asegurar que se trata de una venganza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, otro de los hombres fuertes del chavismo. Ortega Díaz intuye que el próximo paso en su contra será más drástico y resonante. Desde que decidió romper con el Gobierno, en abril pasado, cuando rechazó el intento de disolución de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), la entonces fiscal inició un proceso de gradual e inexorable enfrentamiento con sus excompañeros de ruta.

El rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) terminó por sellar su divorcio con el poder. Ni siquiera sus invocaciones de la figura del extinto Hugo Chávez la blindaron. Ortega Díaz tuvo desde ese momento los días contados al frente del Ministerio Público. Pero con la destitución por parte de la ANC no han terminado los problemas, sino que han comenzado. No solo para la exfiscal sino para su esposo, el diputado del chavismo disidente Germán Ferrer. El 'Chino', como se lo conoce, fue guerrillero en los años 60 y 70. Pasó por la cárcel entre 1972 y 1976, donde fue sometido a crueles torturas. Trabajó cerca de Chávez en la secretaría de la Presidencia. Sus pergaminos se evaporaron al momento en que empezó a levantar la voz contra la dirección política que tomaba Maduro. El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, lo acaba de acusar de dolosos casos de corrupción y pidió que se le levante la inmunidad parlamentaria.

SUPUESTA RED DE EXTORSIÓN

Las seis patrullas del Sebin que se presentaron en su casa no solo se llevaron objetos y pertenencias de Ortega Díaz y Ferrer, sino un ordenador. Antes de que el personal del servicio de inteligencia se hiciera presente en el domicilio, Cabello, una de las figuras de la ANC, había acusado al diputado de pertenecer a una presunta red de extorsión que funcionaba en la fiscalía mientras era esta conducida por su esposa. William Saab dijo que esa supuesta red posee una cuenta en las Bahamas con seis millones de dólares. El fiscal Pedro Lupera, denunciado también por Cabello como integrante de ese presunto grupo extorsivo, llevaba adelante varias investigaciones sobre denuncias de delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellas en la petrolera estatal PDVSA.

“Esto es indignante. Presentaron firmas que no he hecho. Esos documentos no resisten la más mínima prueba. Reto a que los comparen con una firma original mía para desenmascararlos por inmorales”, dijo Ferrer, quien semanas atrás, junto con un pequeño grupo de diputados, abandonó el oficialismo para formar en el Congreso una bancada independiente. Ferrer tampoco tiene dudas: es el precio que paga por su disidencia.

RECHAZO DEL CONGRESO

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó de “absolutamente nulas” y “contrarias a la Constitución vigente” las incriminaciones en contra de Ferrer. La AN anunció que elevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Se trata de un claro caso de persecución política”.

El politólogo Nicmer Evans, quien forma parte del espacio del chavismo disidente, aseguró que la “operación fascista” contra Ferrer llegó a su casa. “Cinco patrullas, una ambulancia y 15 funcionarios del Sebin, para preguntarme por el diputado”, dijo. Las amenazas de invasión militar lanzadas por Donald Trump y rechazadas por la región han tenido un efecto inequívoco en Venezuela, donde el Gobierno endureció sus posiciones y trazó una clara línea divisoria: se está con Maduro o con Trump. Se acabaron los matices.