Intentando evitar las críticas por la extensión del estado de urgencia hasta febrero, el Gobierno francés envió una circular a los prefectos representantes del Gobierno que precisa que los registros domiciliarios en el marco de esta nueva ley deben ser controlados por los fiscales.
La circular que firman conjuntamente el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, y el de Justicia, Pascal Clément, limita estos registros a los casos de tráfico de armas y la persecución de sospechosos y tiene en cuenta la opinión del Consejo de Estado. El Gobierno no quiere que los registros domiciliarios dejen de someterse "al control de la autoridad judicial".
La ley que prolonga tres meses el estado de urgencia superó ayer el último escollo con la aprobación del Senado. El texto recibió 202 votos a favor y 125 en contra.
APOYO POPULAR A SARKOZY La tan criticada línea dura del ministro de Interior que denuncia la izquierda, e incluso un sector de la derecha, cuenta con el apoyo popular. El 68% de los franceses son favorables a la política de Nicolas Sarkozy, así como a la expulsión de extranjeros delincuentes o en situación irregular.
La acción del primer ministro, Dominique de Villepin, satisface al 62%. Mientras, el presidente, Jacques Chirac, recoge el 59% de opiniones negativas.
