Los sindicatos británicos urgen al Gobierno de Gordon Brown a que revise las leyes sobre la contratación de extranjeros. "Tal y como ahora se interpreta la ley, es posible para las compañías extranjeras negarse a emplear a ciudadanos del Reino Unido en proyectos del Reino Unido", señalaba ayer en un comunicado el sindicato GMB, que agrupa a 600.000 trabajadores.

"El Gobierno del Reino Unido debe presionar a la Comisión Europea para corregir esa interpretación", añadía la nota. La disputa por la contratación de italianos y portugueses para construir un nuevo proyecto en una refinería de Lindsey, en Linconlshire, dura ya más de una semana. Los paros, extendidos a una veintena de instalaciones, seguían ayer, mientras se reanudaron las negociaciones entre los representantes de Total, propietarios de las instalaciones, la empresa italiana que ha recibido la subcontrata y los trabajadores británicos que se consideran discriminados. Un mediador supervisa las conversaciones.

Los empresarios de la Confederación Británica de la Industria (CBI) respaldan la actuación de Total. El vicepresidente, John Cridland, afirmó que no hay pruebas de discriminación en los contratos, ni son necesarios cambios en la legislación de la Unión Europea para proteger a los trabajadores del Reino Unido. Los sindicatos piensan, en cambio, que puede ser ilegal que las empresas excluyan a los británicos en el momento de reclutar personal, como aseguran que ha ocurrido en este caso.

EL FANTASMA DEL RACISMO Las centrales sindicales negaron ayer cualquier connotación racista de la movilización, en respuesta a las palabras del ministro de negocios, Peter Mandelson, quien al condenar las protestas el lunes, habló en la Cámara de los Lores de la "política de la xenofobia". "Están tratando de utilizar el argumento racista", señaló Derek Simpson, el líder de Unita, el mayor sindicato británico, que añadió: "Pero los paros no tienen que ver con la raza o la inmigración, se trata de un asunto de clase". "Se trata --continuó-- de patronos que explotan a los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, recortando paga y condiciones laborales". Simpson advirtió de que grupos de extrema derecha, podrían intentar utilizar la protesta en beneficio propio.

El diputado laborista John Mann se desmarcó de la línea oficial del Gobierno y depositó en la Cámara de los Comunes una moción "deplorando el uso de extranjeros en la refinería de Lindsey" y felicitando a los sindicatos por "exponer la explotación y la ausencia de igualdad de oportunidades para acceder a todos los trabajos". Mann también mencionó el caso de la central eléctrica de Staythorpe, en Nottinghamshire, donde el principal constructor, Alsthom, ha subcontratado a una empresa española para instalar una turbina. La empresa tiene intención de traer a su propio personal, presumiblemente españoles.