Sin palabras estridentes y con disposición a negociar. El Gobierno italiano ha respondido así a Lombardía (Milán) y Véneto (Venecia), las dos regiones italianas que el domingo aprobaron mediante sendos referéndums solicitar una mayor autonomía. La cita ha ratificado una plebiscitaria victoria del sí en ambas regiones, sin que ello haya ido aparejado a una desbordante participación. En concreto, según datos divulgados por las entidades regionales, acudieron a votar el 57% de los vénetos con derecho a voto y apenas el 38% de los electores de Lombardía, siendo Milán una de las ciudades en las que la consulta despertó menos interés.

El Ejecutivo liderado por Paolo Gentiloni está «dispuesto a negociar», puntualizó ayer Maurizio Martina, ministro de Políticas Agrícolas. «Gentiloni me ha confirmado que podemos empezar a negociar y que estará involucrado el Ministerio de Economía», confirmó asimismo Roberto Maroni, presidente regional de Lombardía.

«Aunque creo que sería mejor que los presidentes (de Lombardía y Véneto) sean claros con sus ciudadanos. Negociaremos, pero lo de quedarse con los impuestos debe ser una broma de Luca Zaia (presidente del Véneto)», puntualizó Claudio De Vincenti, ministro para la Cohesión Territorial. «Lo mismo ocurre con las cuestiones relativas a la seguridad. No se discuten. Eso dice la Constitución», insistió Martina, después de que el presidente regional del Véneto, Luca Zaia, dijera querer retener en Lombardía «9 de cada 10 impuestos» pagados y el estatuto especial.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS / En esta línea ha interpretado el Gobierno italiano los artículos 116 y 117 de la Constitución Italiana, y sus leyes anexas, que son las que enumeran las competencias exclusivas (que solo tiene el Estado) y las 20 concurrentes (que comparten el Estado y sus regiones). Estas últimas son, de hecho, precisamente las que el Ejecutivo italiano de centroizquierda ha aceptado negociar, en virtud de la última reforma constitucional del 2001 (apoyada tanto por la izquierda como por la derecha).

Una negociación que, de llegar a buen puerto, permitiría a las dos regiones obtener un mayor margen de maniobra para decidir sobre una serie de asuntos, como contempla el artículo 117. Entre otras cuestiones en las que tendrían capacidad de decisión están la relación con la Unión Europea, la organización de puertos y aeropuertos civiles, los programas educativos, el sistema sanitario, las redes de transporte y navegación, las políticas industriales y los proyectos científicos y tecnológicos.

Desde la sede del Ejecutivo en el Palazzo Chigi en Roma, se ha puesto de manifiesto que la viabilidad de un acuerdo lo confirma también que la región de Emilia Romaña -históricamente gobernada por la izquierda- ya está negociando sobre el mismo asunto. Tanto que el pasado día 18 el presidente de esta región, Stefano Bonaccini, fue recibido por el primer ministro Gentiloni. Y otra cita entre Bocaccini y Gianclaudio Bressa, delegado del Gobierno y subsecretario para los Asuntos Regionales, se celebró este lunes.

Hay debate, en Italia. «Italia ya tiene su propia Cataluña. Quizá parezca una comparación forzosa, o una broma. Pero, si bien no hay un empujón independentista en el norte de Italia, sí se señala un ímpetu reivindicativo que ha de ser resuelto», ha dicho Stefano Folli, editorialista de La Repubblica. «Ojo con las fragmentaciones. Hay que permanecer unidos», observó, por su parte, el obispo de Taranto, monseñor Filippo Santoro, sobre esta consulta autorizada en Véneto incluso por una sentencia del Tribunal Constitucional italiano del 2015.

De facto, la negociación, más allá de las discrepancias iniciales entre unos y otros, se anuncia desde ya compleja y de difícil resolución. Una circunstancia que se debe a que el Gobierno está cerca de finalizar y pronto iniciará la campaña para las generales previstas para la próxima primavera. Esto se suma a que esta negociación no registra un consenso político unánime y el Movimiento Cinco Estrellas ha estado prácticamente ausente, hasta ahora, del debate.