"Eric Woerth es un hombre profundamente honesto, competente, tiene toda mi confianza". Nicolas Sarkozy defendió así, con vehemencia, a su ministro de Trabajo, involucrado en una investigación judicial por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del 2007 y en otra por blanqueamiento de fraude fiscal. Ambas investigaciones son consecuencia de la evolución del caso que enfrenta a Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L´Oréal, con su hija.

Para el presidente, se trata de una campaña de "injurias" destinada a obstaculizar la reforma del sistema de pensiones, encomendada a Woerth. En una entrevista emitida anoche en directo desde el Elíseo en la televisión pública, el jefe del Estado aseguró que el ministro está "libre de toda sospecha". Basó esta afirmación en el informe de la Inspección general de las finanzas (IGF), que rechaza toda "intervención" del ministro, cuando era titular del Presupuesto, ante sus subordinados para "impedir u orientar una decisión o un control" relacionado con la heredera de L´Oréal, la mujer más rica de Francia. El citado informe también niega todo intento de intervenir en la empresa que gestiona la fortuna de Bettencourt, para la que trabajaba la esposa del ministro, Florence Woerth. La única concesión que hizo Sarkozy a la oleada de críticas recibidas a raíz del caso Bettencourt fue la de reconsiderar la doble función de Woerth, que compatibiliza sus funciones de ministro con el cargo de tesorero de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del Gobierno. "Le aconsejo que abandone el puesto de tesorero para centrarse en las pensiones", dijo.

Fue en calidad de tesorero de la UMP que Woerth cobró, según la excontable de Bettencourt, Claire Thibaut, una aportación de 150.000 euros para financiar la campaña de Sarkozy. La ley limita los pagos a los partidos a 7.500 euros, razón por la que se ha abierto una investigación judicial. Sarkozy negó haber recibido, como dijo inicialmente la excontable, "sobres" de Bettencourt. "En 17 años solo he comido dos o tres veces en su mesa, con otros invitados", zanjó.

CONFLICTO DE INTERESES El presidente se comprometió a crear una comisión con objeto de introducir las reformas legislativas necesarias para evitar "todas las formas de conflicto de intereses". Además, comparó esta situación con las "calumnias" de las que fueron objeto él y su esposa, Carla Bruni, en alusión a los rumores sobre supuestas infidelidades en el seno del matrimonio presidencial. Entre los intentos de "desestabilización" citó el caso Clearstream , una conspiración para apartarle de la carrera presidencial. Sarkozy sí aceptó que algunos ministros han cometido "torpezas" derrochando dinero público, como es el caso de Christian Blanc con la factura de 12.000 euros en puros cargados al Estado y de Alain Joyandet, con el uso innecesario de un jet privado para un desplazamiento oficial. Por eso, dijo haber aceptado la dimisión de ambos.