Mientras la Comisión Europea estudia si abrir un proceso de infracción contra Francia por su política de expulsión de gitanos, el Gobierno de Nicolas Sarkozy sigue en sus trece. El Parlamento inició ayer el debate de la ley sobre inmigración, integración y nacionalidad, con la inclusión de una medida que apunta implícitamente a la comunidad gitana. Según el texto, los extranjeros, incluidos los de la UE, que "abusen del derecho a estancias cortas menos de tres meses con sucesivas entradas y salidas" del país podrán ser obligados a abandonar el territorio, así como los que representen una "carga desmedida para el sistema de asistencia social".
El proyecto recoge también la anunciada medida de Sarkozy de suprimir la nacionalidad a quienes, habiendo obtenido el pasaporte francés en los últimos 10 años, atenten contra la vida de un policía, un gendarme u otro depositario de la autoridad del Estado. Pero aunque los efectos prácticos de la sanción son limitados --la pérdida de nacionalidad difícilmente disuadirá a quien está dispuesto a matar a un agente--, la carga simbólica es de gran calibre. Consuma un discurso político inédito en un presidente francés: la asociación de los extranjeros a la delincuencia.
CLIMA CRISPADO Pese a los esfuerzos del ministro de Inmigración, Eric Besson, por defender la bondad republicana del proyecto, la nueva ley no contribuye a rebajar la tensión con Bruselas. Después de que la Eurocámara reclamara a Francia la suspensión de las expulsiones de gitanos, con la aparición de una circular del Ministerio de Interior recomendando a los prefectos desmantelar "preferentemente" los campamentos de gitanos, la comisaria europea de justicia, Vivianne Reding puso el grito en el cielo. Acusó a Francia de tener un comportamiento discriminatorio y amenazó con un expediente por violación del derecho comunitario.
El debate de la ley se produce pues en un clima político muy crispado. La oposición y numerosos intelectuales de izquierdas han denunciado la utilización de los extranjeros como "cabezas de turco". A su juicio, la supresión de la nacionalidad --hasta ahora reservada a casos de traición, deserción y espionaje-- a una determinada categoría de delincuentes constituye un "atentado a los valores de igualdad y de dignidad" de la República.
Sin embargo, Sarkozy no quiere dar ni un paso atrás. Convencido de que los franceses --según las encuestas apoyan mayormente las expulsiones-- están de su lado, el presidente persevera en su política de mano dura con una legislación que, según algunos juristas, podría ser contraria a la Constitución. La Carta Magna garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
El paquete de medidas destinadas a endurecer la política de inmigración es fruto del discurso pronunciado por el jefe del Estado el pasado 30 de julio en Grenoble a raíz de unos graves disturbios en los que algunos delincuentes dispararon contra la policía. Pero la nueva vuelta de tuerca del discurso sobre la seguridad ha provocado incomodidad incluso en las filas del Gobierno. El primer ministro, François Fillon, se ha distanciado discretamente de la escalada de Sarkozy, acusado de utilizar de nuevo la seguridad como arma para remontar en los sondeos y para desviar la atención del escándalo político financiero que afecta a su ministro de Trabajo, Eric Woerth.
TERCERA LEY EN SIETE AÑOS No es la primera vez que el presidente reforma la ley para restringir la inmigración. Esta es la tercera ley y el quinto proyecto que elabora el Gobierno en siete años. En el 2003, cuando era ministro del Interior, Sarkozy introdujo la aplicación de la doble pena, que permitía expulsar a un extranjero condenado por un delito. En el 2006 se suprimió el derecho automático a la nacionalidad al cabo de 10 años. Y en el 2007, ya como presidente, la ley introdujo los exámenes genéticos de ADN para acelerar el proceso de reagrupación familiar.
