Con un claro mensaje al Tribunal Supremo, donde finalmente se decidirá la suerte de los represores, el Senado argentino aprobó ayer --como antes ya había hecho la Cámara de los Diputados-- la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que exculparon en 1987 a los acusados de haber violado los derechos humanos durante la última dictadura (1976-83).
El presidente Néstor Kirchner intenta con esta medida, entre otras cosas, que los militares --muchos de ellos mayores de 70 años-- puedan ser investigados y juzgados en este país, para evitar las temidas extradiciones que reclaman los tribunales de España, Francia, Italia, Alemania e Israel.
CRITICAS A GARZON
"Tenemos que eliminar el fantasma de la extradición", reconoció Miguel Pichetto, el jefe de los senadores peronistas (oficialismo). Durante su discurso, Pichetto no perdió la oportunidad de criticar al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por pretender investigar crímenes en Argentina "cuando España cerró las sepulturas con una ley de amnistía".
Precisamente ayer, Garzón solicitó con carácter urgente al Gobierno que reclame a Argentina la extradición de 14 de los exmilitares procesados por delitos de terrorismo, genocidio y torturas.
Los expertos creen que la decisión del Parlamento tiene más valor político que jurídico. Si bien permitirá abrir nuevas causas, comenzarán enseguida las impugnaciones y todo terminará en el Tribunal Supremo, cuyos integrantes aún no se han pronunciado sobre un fallo, en primera instancia, del año 2001 que declaró inconstitucional la impunidad de los represores.
APOYO AL PRESIDENTE
Los senadores peronistas decidieron ayer alinearse con firmeza alrededor del presidente Kirchner, tras su enfrentamiento público con el vicepresidente, Daniel Scioli. La disputa, que hizo temer una crisis institucional, acabó forzando la anulación de las leyes de impunidad con mayor velocidad de la prevista. El Senado aprobó también el proyecto que permite al Gobierno aumentar las tarifas de los servicios públicos.
