La situación judicial de los 660 detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba) por Estados Unidos bajo la presunción de pertenecer a grupos islamistas radicales llegó ayer hasta el Tribunal Supremo. La más alta instancia jurídica estadounidense aceptó examinar, por primera vez, si estos prisioneros deben tener acceso o no a los tribunales de ese país.
Fue una victoria para los abogados de 16 presos --2 ingleses, 2 australianos y 12 kuwaitís-- que acudieron al Supremo cuando un tribunal de rango inferior rechazó el pasado marzo su demanda de acceso a los tribunales de Estados Unidos. "Estas son, sin duda, las mejores noticias que han tenido desde que les detuvieron, hace casi dos años", dijo el letrado Steven Watt.
En su demanda, los abogados sostuvieron que "EEUU ha creado en Guantánamo una prisión que opera totalmente fuera de la ley". Además, añadieron que "tras los muros de esta prisión se puede retener indefinidamente a extranjeros, sin acusarles de nada ni presentar pruebas contra ellos, sin acceso a sus familias, amigos o abogados, y sin oportunidad de demostrar su inocencia".
LOS ARGUMENTOS DE EEUU
Para negar el acceso a los tribunales a los presos de Guantánamo, pertenecientes a 42 países, la Casa Blanca se ha atrincherado en que no son ciudadanos de Estados Unidos y no están confinados en territorio estadounidense. Además, los ha declarado "combatientes ilegales" sin derecho alguno al amparo de las normas sobre trato de los prisioneros de guerra que marcan las convenciones de Ginebra.
Sin embargo, un grupo de juristas y diplomáticos han apelado a los nueve jueces del Tribunal Supremo para que se pronuncien sobre la legalidad de mantener a los detenidos en Guantánamo sin que se les juzgue en esa especie de limbo legal.
En octubre, Christophe Girod, máximo responsable de la Cruz Roja en Washington, denunció las condiciones de detención en Guantánamo de los presuntos miembros de Al Qaeda, la organización terrorista responsable de los atentados del 11-S en Estados Unidos, y de los talibanes, el régimen que acogió a su líder, Osama bin Laden, en Afganistán. Además, Girod consideró inaceptable que se les retuviera indefinidamente privándoles de todos sus derechos para la defensa.
El Supremo no pronunciará su fallo sobre este caso hasta el año que viene y, de ser favorable a los detenidos, las demandas de sus letrados tendrán que ser dirimidas por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Esta instancia estará entonces obligada a pronunciarse sobre si su detención es legal, pues sus abogados sostienen que su confinamiento se halla, de hecho, bajo el control de Estados Unidos, puesto que la base de Guantánamo, donde está el centro de reclusión de los prisioneros islámicos, se encuentra en territorio alquilado a Cuba por Washington.
