El Tribunal Supremo de Israel declaró ayer ilegal la utilización de civiles palestinos como escudos humanos en las redadas que lleva a cabo el Ejército israelí en los territorios ocupados. El Tribunal Supremo sentenció que este procedimiento vulnera la ley internacional, concretamente la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a un Ejército ocupante el uso de civiles contra su voluntad en operaciones militares. Poco después, el jefe de personal del Ejército, Dan Halutz, ordenó a las tropas acatar inmediatamente el fallo judicial, incluso en el caso de que la persona involucrada acepte colaborar con los soldados.

Durante años, los escudos humanos han sido el sistema empleado por los soldados para protegerse en las operaciones de registro y arresto de sospechosos realizadas en Cisjordania y Gaza. "Solíamos coger a un vecino o a la primera persona que pasara por la calle", explica a este diario Avichay Sharon, que hasta el 2003 sirvió como sargento en zonas ocupadas. "La función del escudo humano es registrar la casa por si hay armas o explosivos. La lógica es muy sencilla: si dentro hay alguien escondido y armado, disparará al palestino y no a nosotros", añade Avichay.

OBJETOS SOSPECHOSOS En otras ocasiones, cuenta, los civiles se han utilizado para comprobar si un objeto sospechoso contiene una bomba. "Como tienes miedo, coges a cualquiera que pase en ese momento y le obligas a manipularlo. Si explota, no muere ningún soldado", afirma Avichay, quien, al acabar el servicio militar, fundó con otros antiguos soldados la organización Rompiendo el Silencio, dedicada a denunciar los abusos cometidos por el Ejército en los territorios palestinos. A consecuencia de estas prácticas, varios civiles han muerto, aseguran los grupos de derechos humanos israelís y palestinos que interpusieron la demanda contra el estamento militar.

En agosto del 2002, el Supremo ya prohibió temporalmente el empleo de escudos humanos. Como respuesta, el Ejército cambió de procedimiento y acordó utilizar sólo a los palestinos que concedieran su autorización explícita, y siempre que sus vidas no corrieran peligro.

Avichay Sharon seguía en activo cuando se modificaron las órdenes. "El matiz no fue más que una estratagema para burlar la ley. Todo siguió igual. Además, nadie se niega a colaborar si se lo piden varios soldados armados". Así, el alto tribunal dictaminó que en el "99% de los casos" una decisión así se toma bajo coacción y sin libertad.