El reconocimiento ha tardado 90 años en llegar. El Tribunal Supremo de Rusia rehabilitó ayer la figura del último zar, Nicolás II, y toda su familia al considerarlos víctimas de las represiones políticas del movimiento bolchevique. Toda la familia fue fusilada en 1918 en el marco de la segunda revolución rusa.
Tras recurrir un primer fallo judicial desfavorable en noviembre del 2007, la gran duquesa María Romanova, cabeza de la casa imperial rusa, residente en España, ha visto ahora cumplido su objetivo de que sus antepasados sean considerados represaliados políticos.
El pleito judicial tiene su origen en el 2005, cuando el abogado Guerman Lukiánov, representante legal de la gran duquesa, llevó a los tribunales la solicitud de rehabilitar al zar --canonizado por la iglesia ortodoxa rusa como "mártir del comunismo"-- con el objetivo de alcanzar una "justicia histórica".
A la obvia satisfacción de la casa imperial rusa hay que sumar el aplauso de la iglesia ortodoxa que, históricamente, ha condenado el magnicidio que, desde su punto de vista, cometieron los bolcheviques.
"Esta decisión tendrá importantes consecuencias para la Rusia moderna porque refuerza la legalidad y restablece la continuidad histórica y las tradiciones milenarias del Estado ruso", declaró ayer al conocer la sentencia el padre Gueorgui Riabij, secretario del departamento de relaciones eclesiásticas exteriores del patriarcado de Moscú.
SIN JUICIO El final de la familia empezó a fraguarse ya en 1917. Unos meses después del derrocamiento de la monarquía, el Gobierno provisional puso a la familia bajo arresto domiciliario, primero en el palacio Alexander, a unos 24 kilómetros al sur de Petrogrado, y luego en la casa de Tobolsk, para protegerlos de la ira de los revolucionarios. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, las condiciones del arresto domiciliario empeoraron sustancialmente.
El clamor entre los comunistas de que el monarca debía ser juzgado por su gestión de Gobierno del país se hizo ensordecedor. Un juicio que nunca llegó a celebrarse.
Para aquellos días, la familia ya había sido trasladada a Yekaterimburgo, en los Urales, y vivía encarcelada. Hasta el asesinato, el 17 de julio de 1918, en el sótano de la casa de un comerciante, por el temor de que fueran liberados por la guardia blanca, defensora del régimen zarista. Los cadáveres fueron enterrados unos kilómetros al norte de la ciudad, en un recodo de la carretera, porque la furgoneta que los transportaba se averió.
La fiscalía general de Rusia se ha mostrado contraria a restituir al zar y su familia a lo largo del proceso judicial con el argumento de que "no hay pruebas fidedignas de la existencia de decisiones oficiales de órganos judiciales o extrajudiciales de reprimir por razones políticas".
LOS MISMOS DERECHOS A pesar de la negativa de la fiscalía, el letrado de la gran duquesa argumentó en una instancia judicial superior que la familia del zar tiene el mismo derecho a ser rehabilitada que todas las víctimas de la represión política leninista y estalinista.
