Ataviados con sus trajes regionales, representantes de las minorías étnicas recorren estos días los pasillos del Gran Palacio del Pueblo de Pekín con propuestas de ley, opiniones y comentarios para la prensa. Piden aumentar los ingresos de los campesinos, mejorar la seguridad en las minas o reducir la disparidad entre ricos y pobres.

Esta semana se reúnen, entre fuertes medidas de seguridad, casi 3.000 delegados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china para aprobar las leyes más importantes del año y marcar las prioridades de gobierno en el 2005. Sin ser un modelo de transparencia, el cónclave da al mundo la posibilidad de echar un vistazo detrás del telón de bambú que suele ocultar las grandes decisiones del régimen.

Brazaletes rojos

Fuera, furgones policiales y agentes de paisano vigilan las calles ayudados por 650.000 voluntarios con brazaletes rojos. La censura en internet será "firme" mientras dure la Asamblea, según anunció el Ministerio de Seguridad Pública, que ha puesto "guardias de seguridad" en todos los foros de debate de internet para filtrar los mensajes disidentes. Las más críticas opiniones del pueblo tendrán que esperar hasta después del plenario. Es la democracia "con características chinas".

La propuesta de ley antisecesión, con la que Pekín pretende poner freno al independentismo en Taiwán, centrará la atención de los delegados en los nueve días de reuniones. Pekín pondrá por primera vez sobre papel las líneas generales de su política hacia la "isla rebelde": la oferta de una reunificación pacífica con grandes ventajas; o la alternativa de la guerra si la isla se empeña en posponer eternamente la reunificación o ir hacia la independencia.

"Nuestro único objetivo es frenar la tendencia de algunos en Taiwán hacia una secesión gradual", declaró el portavoz oficial de la Asamblea, Liu Jianchao. Aunque el texto de la ley aún no se conoce, Taipei ya protesta. "Un oscuro nubarrón amenaza la reconciliación", clamó el presidente taiwanés, Chen Shui-bian.

Transición pacífica

Los representantes populares aceptarán la dimisión del expresidente Jiang Zemin al mando de la Comisión Militar Central del Gobierno, último puesto que aún mantiene. Tras dirigir a China durante 15 años de trepidante crecimiento económico y férreo control político, Jiang se retira de la escena. Deja el testigo a su sucesor, Hu Jintao y, con ello, se completará la primera transición pacífica en la República Popular China.

La ANP adoptará las decisiones ya aprobadas por el Partido Comunista. Pero no sin rechistar. Cada año, más diputados se abstienen o votan en contra de los informes, sobre todo los relativos a la lucha anticorrupción, la reforma judicial o la privatización del sector público.

"La prioridad absoluta es mantener la armonía social", opina el diputado Qiu Dong. El despegue económico trajo problemas que empiezan a adquirir gran magnitud. "Pérdida de terreno para la agricultura, paro, contaminación, pobreza y corrupción" son los más graves, según el sociólogo Li Peilin.

La situación en las minas chinas, donde el año pasado murieron más de 6.000 trabajadores, es otro de los temas en la agenda. El abismo entre ricos y pobres, el aumento de los asesinatos y abortos de niñas, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción completan las preocupaciones del Gobierno.

En el tema económico, Pekín presentará un presupuesto equilibrado. El objetivo: crecer un 7 u 8% en el 2005. Lo que más subirá es el presupuesto de Defensa: un 12,6%.