La fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió ayer la investigación de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur, donde decenas de miles de personas han muerto desde el levantamiento rebelde de principios del 2003.
La ONU pidió en marzo al TPI que investigara el conflicto y le entregó una lista de 51 sospechosos de matanzas, violaciones y pillaje. Aunque los nombres no han sido revelados, se sospecha que son miembros del Gobierno, del Ejército y de las milicias. Los enfrentamientos entre rebeldes y milicias árabes progubernamentales, los yanyauid, han dejado entre 180.000 y 300.000 muertos y más de 2,4 millones de desplazados desde el 2003.
Es la primera vez que la ONU hace un encargo al TPI, una petición que fue posible gracias a que EEUU se abstuvo cuando se votó en las Naciones Unidas. La Casa Blanca, opuesta al TPI, cuyo estatuto no ha firmado, logró garantías de que ninguno de sus ciudadanos será investigado.
El fiscal general, Luis Moreno- Ocampo, solicitó ayer la cooperación de las autoridades nacionales e internacionales. "Forma parte de un esfuerzo colectivo que complementará a la Unión Africana y otras iniciativas para poner fin a la violencia en Darfur", dijo Moreno-Ocampo. La respuesta de Jartum no tardó en llegar. "Si el TPI u otros organismos quieren ver qué está pasando, son bienvenidos, pero si lo que quieren es juzgar a sudaneses, no lo aceptamos", afirmó un portavoz del Gobierno.
TERCER DOSIER La investigación de Darfur es la tercera que abre el TPI, después de las del Congo (junio del 2004) y Uganda (julio del 2004), aunque aún no ha hecho ninguna acusación. Las Naciones Unidas ya tienen tribunales ad hoc , para la antigua Yugoslavia y Ruanda, pero el TPI es la primera corte permanente que juzga a individuos por genocidio y otras violaciones de los derechos humanos.
