El Ministerio de Trabajo ha reconocido más de 5.000 solicitudes de parados sin ingresos para recibir la prestación extraordinaria de 420 euros al mes, que se puso en marcha el 17 de agosto. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó ayer que la ayuda era "necesaria, urgente e inaplazable", por lo que el Gobierno optó por aprobarla pese a la ruptura del diálogo social, marco en el que los sindicatos propusieron la prestación. Corbacho, que compareció en la Comisión de Trabajo del Congreso, aseguró que "no habrá paralización" del Ejecutivo a la hora de adoptar las medidas oportunas.
El ministro afirmó que buscará en los próximos días el consenso con los grupos parlamentarios y los sindicatos. Durante la tramitación parlamentaria del decreto ley se podrán introducir enmiendas para que, como apuntó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la ayuda pueda beneficiar a más personas. La fórmula más probable es adelantar la retroactividad (ahora está fijada en el 1 de agosto, lo que deja fuera a buena parte de los desempleados que han agotado la prestación). El objetivo, explicó Corbacho, es que esté aprobada antes de la primera quincena de septiembre.
El titular de Trabajo confió en que el "sobreesfuerzo" que deberán hacer las comunidades autónomas, encargadas de complementar con itinerarios de formación la prestación de 420 euros, pueda paliarse con un adelanto del fondo social europeo para dos ejercicios, que cubriría la mitad del coste a financiar.
EMPLEO SOCIAL La propuesta lanzada el miércoles por la Generalitat de Cataluña de ampliar la ayuda a 624 euros mensuales (el salario mínimo interprofesional) si el beneficiario acepta un empleo social, fue recibida con reservas por Corbacho: "Habrá que ver si jurídicamente es posible", dijo, aunque apuntó que el Gobierno lo estudiará.
