El accidente cerebro-vascular que obligó a internar a Augusto Pinochet el pasado sábado no impidió que el Tribunal de Apelaciones de Santiago rechazara ayer por unanimidad un recurso de amparo presentado por la defensa del dictador chileno para frenar su procesamiento por la desaparición de nueve opositores. Sus integrantes, Jorge Dahm, Juan Escobar y Patricio Villarroel avalaron el criterio del juez Juan Guzmán de que Pinochet, de 89 años, está en condiciones mentales de afrontar un proceso. Los abogados del dictador apelaron horas después ante el Supremo.

El juez Juan Guzmán, a cargo de la causa operación Cóndor, esperará ese pronunciamiento --que en principio debería conocerse antes de que termine el año-- para notificarle a Pinochet su arresto domiciliario. Pablo Rodríguez, el exintegrante del grupo de extrema derecha Patria y Libertad, a cargo de la estrategia de su defensa, asegura que eso no sucederá. "El Tribunal Superior corregirá un error de la Corte de Apelaciones, que ha pasado por encima de la Constitución, de los tratados internacionales, de la ley procesal y de la situación que afecta al general".

Los querellantes de Pinochet esperan que el Supremo ratifique lo actuado por Guzmán. "Pinochet podrá tener todos los males propios de un hombre de su edad, pero está en condiciones de soportar un proceso penal y estamos seguros de que también su condena", dijo el abogado Eduardo Contreras.

SIGUE EN EL HOSPITAL El sábado, cuando desayunaba, Pinochet fue internado en el Hospital Militar. De acuerdo con los médicos, tuvo un accidente cerebro-vascular con pérdida de conciencia, déficit neurológico y alteración de motricidad. Aunque un día después superó la crisis, el doctor Lionel Gómez, director del centro, dijo que podría dejarle secuelas. Pinochet iba a ser dado de alta ayer. Pero, los médicos decidieron luego lo contrario. El general retirado Guillermo Garín, su vocero personal, fue quien le informó a Pinochet sobre el revés judicial. "Está enterado muy someramente, pero esas cosas ya no lo afectan", dijo. En cambio, la familia, sostuvo Garín, recibió la noticia "con una desilusión muy grande".

El Tribunal Supremo --cuya defensa de su actuación judicial durante la dictadura le valió las críticas del Colegio de Magistrados y numerosos dirigentes políticos-- debe a su vez pronunciarse sobre el desafuero de Pinochet en el marco de la causa que se le sigue por el asesinato de quien fuera su antecesor en el Ejército, el general Carlos Prats, cometido en Buenos Aires en 1974 por la policía secreta chilena en complicidad con represores argentinos. Además, siguiendo las pistas de sus millonarias cuentas en el Banco Riggs de EEUU, el juez Sergio Muñoz debe esclarecer si el dictador se enriqueció de manera ilícita.

Lucía Pinochet Hiriart dijo que es una "tontera sin sentido" considerar el ingreso hospitalario de su padre como un ardid para eludir la acción judicial. Por otro lado, las visitas al Hospital Militar, este fin de semana, del jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre --autor intelectual de la histórica autocrítica del Ejército por su papel en las violaciones a los derechos humanos-- no pudo sino generar polémica y suspicacia.